— 52 —

Tal práctica será viuiosa, por contraria á la ley, cuando esta ha-
ya designado una pena determinada para el hecho, si compután-
dose la prisión sufrida deja aplicarse la pena do la ley, pues cuan-
do la ha establecido presume que el procesado lia sufrido la pri-
sión durante el juicio, y sin embargo quiere que se lo imponga Jal
pena que designa.   Mas cuando la ley la lia dejado  al arbitrio|
del Juez esa práctica tiene una aplicación bella, racional y hu-
mana.   Si en los caso» en que el procesado es  absuelto  en una I
causa seguida de oficio, su prisión durante el proceso es un mal
que se hace irreparable, justo y equitativo 03 que se ponga á pro-
vecho cuando el reo haya de ser condenado á una punición dis-
crecional, computándola por toda pona, ó por parte de ella, se-
gún la naturaleza délos casos, el mayor ó menor tiempo de pri-
sión y las circunsrancias que la hayan reagravado ó suavizado.

Mai'tinez está preso desde el 19 de Febrero de 18(52. Su pri-
sión ha sido la mayor parte del tiempo en la Cárcel Pública, lu-
gar destinado á los presuntos criminales, y en que los presos
aunque tratados sin inútiles mortificaciones, están sin embargo
cometidos á inevitables y molestas medidas de precaución.

Partiendo el Ajente Fiscal particular délas consideraciones
que en sentido contrario deben á su modo do ver concurrir para
equilibrar y fijar la pena, y concluyendo—

A. V. S. pide y suplica que oida la defensa del acusado y re- j
cibida la causa á prueba con todos cargos, se sirva declarar á di-
cho acusado Pedro León Martínez autor de quiebra fraudulenta,
y que dando en parte por compurgado su crimen con la prisión
sufrida, se sirva condenarlo á continuaren ella hasta el 19 de Fe-
brero de 1666, y á dos años de destierro en seguida fuera de la
Pepúbliea.   Es justicia etc.

BALDOMERO GARCIA-

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ESTUDIO  DE  DERECHO CONSTITUCIONAL

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MARCELINO LIGARTE

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BUENOS AIRES
«Buenos Aires», Calle de Moreno, frente á U casa de Gobierno.

i 866.

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ESTUDIO  DE DERECHO CONSTITUCIONAL

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MARCELINO UGARTE

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BUENOS AIRES
Imp. «Buenos Aires , Calle de Moreno, frente á la can tíe GV !er id

4866.Bajo el título «Justicia Nacional», el Dr. Irigoyen ha
publicado, no ha mucho, un estudio, que tiene por
objeto sostener la jurisdicción que la Suprema Corte
se atribuye, para juzgar á las Provincias en demandas
interpuestas por simples particulares.

La reputación, bien merecida, que el Dr. Irigoyen
ha sabido adquirir como hombre de inteligencia, la
seria meditación con que está ese estudio elaborado, y
la verdad de convicciones que refleja, lo hacen muy
digno de que se fije la atención en él.

Escritos que tales condiciones tienen, son muy capa-
ces de ejercer influjo en la opinión, y pueden contri-
buir á que se acredite eficazmente lo que, con una fuer-
za de convicción igual á la que el Dr. Irigoyen mani-
fiesta, me atrevo á sostener que es un error.

He sido el primero en defender, como Abogado de
la Provincia de Entre-ílios, la doctrina contraria á la
que el Dr. Irigoyen patrocina} y esa opinión, emitida
con reflexión y entero convencimiento, me autoriza
para aceptar la discusión, sin que parezca que procedo
por jactancia, al oponer mi razonamiento y mi palabra,
al razonamiento firme y á la palabra ejercitada del
cólega y amigo, que tan distinguida posición ocupa en
nuestro foro.

Una razón de orden general, por otra parte, y estra-
ña, al primer golpe de vista, á la cuestión, pero que
tiene con ella, sin embargo, íntima relación, obra con
fuerza en mí para inducirme á no dejar sin respuesta,
la defensa que con habilidad se ha hecho, de una doc-
trina esencialmente opuesta á la índole de las institu-
ciones federales, y contraria, por tanto, al sistema de
la Constitución Argentina.— O —

Bajo el imperio de una Constitución federativa —
¡fenómeno singular! se viene desenvolviendo una ten-
dencia unitaria, contra la cual tenemos el deber de de-
fendernos, los que creemos que el sistema de esa Cons-
titución es la forma mas perfecta de gobierno que
conoce hasta hoy la humanidad, y la forma, además,
que la voluntad de los Pueblos, los hechos producidos,
r las condiciones actuales de la Sociedad Argentina,
lacen inevitable.

Aunque deba alejarme del objeto que principalmente
longo en vista, juzgo que es necesario comprobar con
los hechos la tendencia que señalo, y demostrar suma-
riamente sus inconvenientes y peligros.

Esa digresión, si bien puede ser larga con relación á
la materia de este escrito, no será sin interés para los
que observan con ansiosa espectativa, la aplicación que
se está haciendo, por primera vez con esperanza de un
éxito favorable, del gobierno constitucional en nuestro
pais.

II

La primera manifestación de la tendencia unitaria
fué el proyecto, tan calorosamente sostenido, de fede-
i alizar la Provincia entera de Buenos Aires.

¿Necesito demostrar el carácter esencialmente unita-
rio, que revestía ese proyecto?

No tendré mas trabajo que el de tomar, en el diario
de sesiones, las palabras de los que lo sostuvieron y de
los que lo impugnaron, empezando por las del eminente
Senador que abrió aquel solemne debate en eJ Senado.

El Dr. D. Valentín Alsina, después de manifestar la
necesidad de que las leyes orgánicas y las.leyes genera-
les se ajustasen al tipo fundamental de la Constitución,
que había consagrado el sistema federal, decía que la
capitalización de Buenos Aires con todo su territorio,
« sería un disimulado falseamiento, ó mas bien, una

a solemne abjuración de los principios de equilibrio y
« de igualdad relativa, que hacen la esencia del régimen
« federativo » (i).

a Si todo el poder de esta Provincia, decia el Dr. Ve-
« lez Sarsfield en seguida, se traspasa al poder Nacional.
« está acabado el poder de los Estados particulares, y
o todos los dias podría desconocerlo el Gobierno Nacio-
c nal, sin cuidado alguno. Nos llamaríamos Estados fe-
(í derados, y las Provincias no serían sino meras depen-
« dencias del poder Nacional, cuando por la Constitución
« déla Bepública, deben tener una so eranía esclusiva
« en sus territorios » (2), y negaba la Gonstitucionalidad
del proyecto, aunque consintiera en él la-Provincia que
se quería federalizar, « porque ella no podía despeda-
« zar la Constitución federal, haciendo que la mitad de
« la Nación estuviese gobernada por un gobierno unita-
« rio, y la otra mitad por un gobierno federal » (3).

El Dr. Bawson sostenía, cou el vigor de argumenta-
ción y de lenguaje que es habitual en él, que « una vez
« que el hecho se hubiera producido en Buenos Aires,
« tendríamos la chocante contradicción de una Nación
« constituida bajo el régimen federal y gobernada con
c el régimen unitario » (4).

En el mismo sentido que los oradores del Senado,
se pronunciaron los oradores de la Cámara, entre
los que hubo alguno que, declarándose francamente
« partidario del sistema unitario », dijo que aceptaba el
« proyecto de federalizacion provisoria de la Provincia
« de Buenos Aires, como el único medio que haría me-
« nos difícil que el Congreso venidero sancionase la fe-
« deralizacion permanente, que para él sena el primer
« paso en la via de la refo rma constitucional » (5).

(1) Sesión del 19 de Junio de 1862

(Z) Sesión del 28 de Juuio de 186'-.

(3) Sesión cit.

(4) Sesión del 1.° de Julio de 1862.

(5) Sesión del 11 de Agosto de 1862III

La segunda manifestación de la tendencia unitaria, fué
la doctrina sostenida por el Sr. Ministro del Interior,
negando á los Gobiernos de Provincia la facultad de de-
clarar el estado de sitio, en ningún caso y por nin-
guna consideración (I), doctrina que, desarmándolos
en presencia de la sedición ó la invasión, prepara el
camino á otra doctrina, espuesta también por el Sr.
Ministro, que puede mirarse como la tercera manifes-
tación de la misma tendencia.

Aunque reconoce  que « un Gobierno de Provincia
« depuesto, ó amenazado de serlo, tiene el derecho de
« prescindir del apoyo del Gobierno Nacional,» ha sos-
tenido, sin embargo, que « hay una gran conveniencia
« en que los Gobiernos de Provincia depositen la prin-
« cipal confianza para su estabilidad en el Gobierno de
« la Nación, i quien la Constitución ha encargado de ga-
« rantirlos contra los embates de la sedición, poniendo
« en sus manos los medios de realizarlo y dándole el te-
« soro y la dirección de la fuerza pública » .... y que
« si el gobierno federal está obligado á ocurrir en defen-
« sa de una Provincia, cuando  fuera solicitado por la
« requisición de sus autoridades constituidas, hay tam-
« bien una obligación moral correlativa de parte de
a. estas, de requerir esa defensa en sus conflictos; por-
« que, no siéndoles permitido por la Constitución armar
« ejércitos, aun para la defensa del orden interior, sin
« comunicarlo inmediatamente á las autoridades de la
« Nación, so pena de dar una apariencia anárquica y aun
« sediciosa á sus actos .... tienen el deber constitucional
« de poner inmediatamente en conocimiento de las auto-
« ridades nacionales, los actos de guerra que se vieren

(0  Circular de 13 de Mayo de 1803 y Nota al Gobernador de San Juan, de 31 de Julio.

« forzados á ejercer por el mantenimiento del órden en
« su territorio, á fin de que la aprobación de esas me-
« didas aumente y vigorice su autoridad local, y dándo-
« les mayor eficacia, concurra indirectamente á los fi-
« nes para los cuales hayan sido empleados » (-1).

Convertido en obligación moral lo que, según la
Constitución, es un derecho para los Gobiernos de
Provincia—privados estos de las facultades anexas al es-
tado de sitio, que no debe declararse, es cierto, sino
« como una rara escepcion, » según decia el señor Mi-
nistro en su circular citada, pero que son, en muchos
casos, necesarias para restablecer el órden conmovido,
y aun para precaver mayores males que pueden sobre-
venir por falta de vigor oportuno en el Poder—impues-
ta la intervención nacional, en los casos de perturbación
interior, á las Provincias, aunque no la crean sus Go-
biernos necesaria; pues á eso tiende la obligación mo-
ral que se supone en ellos, y la necesidad de obtener
la aprobación de los actos de guerra que se vieren for-
zados á ejercer para el mantenimiento del órden en su
territorio—esos Gobiernos quedan moral y material-
mente colocados bajo la estricta dependencia del Poder
federal.

Impotentes para defenderse, si el peligro llega, sin
derecho para vencer en la defensa, aunque pudieran,
necesitan, para vivir seguros, la buena voluntad de los
que ejercen el Poder en la Nación; y como estos son
hombres, con sus debilidades y pasiones, los Gobier-
nos de Provincia necesitan acariciar la mano poderosa
que los pueda salvar en el conflicto. Y esa doctrina aca-
ba por ser forzosamente " una jurisprudencia unitaria,
" aplicada á una Constitución federal/' como dijo el Se
ñor Sarmiento, Gobernador de San Juan (2).

(1) Sesión del 23 de Junio de 1*5i, en el Senado.

(2) Nota al seflor Ministro del Interior, de 26 de Junio de i8«3.— 10 —

IV

La jurisdicción que se atribuye á la Corte, y que
no hago mas que indicar aquí, porque de ella he de
tratar eslensarnente en adelante, es otra manifestación
del espirilu unitario.

Ese caso de jurisdicción no es, en efecto, sino un
caso de intervención que tendría el Poder Nacional,
representado por la Suprema Corte de Justicia, en asun-
tos de la administración interna provincial, y tod.t
intervención del Poder Nacional, que no sea para soste-
ner ó restablecer las autoridades provinciales, según el
artículo 6 ° de la Constitución, es decir, que no sea
para hacer efectiva la garantía de que habla el artículo
*». ° , es una intervención depresiva de la autonomía
provincial, centralizadora, absorvente, unitaria, que
tiende á colocar el poder reservado en las Provincias,
bajo la tuición ó bajo la corrección del Poder federa-
tivo.

V

La reforma constitucional, que tiene por objeto dar
al Congreso, la facultad de establecer derechos de es-
portacion, es otra manifestación de la tendencia unitaria.

FA resultado final de esa reforma, que el señor Minis-
tro del Interior pedia para ejecutar las grandes obras de
la paz, y el señor Ministro de Relaciones Esteriores pa-
ra atender á las grandes necesidades de la guerra (i)—
el resultado final de esa reforma es inhabilitar á las Pro-
vincias, para obtener la independencia de sus recursos
y de sus gastos, sin la que no puede ser efectiva la in-

(1)  Sesión del 23 de Mayo de 1866, en la Cámara de Diputados.

- 11 —

dependencia del poder que les ha sido reservado para
los objetos de su administración y de su progreso in -
terno.

Los hechos económicos son los que menos puede el
legislador subordinar á reglas arbitrarias; y los hechos
económicos fijan un límite de que no puede pasarse,
á la masa de contribución que ha de pagar un pueblo.

Si el Poder Nacional se estiende hasta ese límite en
la contribución que impone y que recauda para objetos
¡jenerales—ó quedan las Provincias en imposibilidad ab-
soluta de imponer y recaudar contribución por su par-
te, respetando el limite de los hechos económicos—ó
tienen que exederlo, violentando la ley que está en la
naturaleza de las cosas, impidiendo la nueva creación
de capital, y destruyendo  el capital que está ya creado.

La perturbación, que seria consecuencia inmediata
del segundo caso, no tardaría en demostrar con la fuer-
za á que ningún razonamiento puede aspirar jamás, que
no es posible violar impunemente reglas superiores á
la voluntad y al poder de los hombres.

De manera que el primer caso es el único que pue-
de mirarse como hecho permanente, como resultado
final de la reforma—la imposibilidad absoluta para las
Provincias, de imponer y recaudar contribución por su
parte, en cantidad suficiente para cubrir sus gastos, y
la consiguiente imposibilidad de hacer efectiva la inde-
pendencia de su poder particular.

La absorción de la renta hecha por el Poder Nacio-
nal, es la absorción del poder todo. ¿Qué es lo que sin
renta puede hacerse? ¿Qué administración se puede sos-
tener? ¿Qué impulso se puede dar al progreso?

Absorvída la renta por el Poder Nacional, toda ini-
ciativa, -toda acción queda refundida en él, y los Pode-
res provinciales reducidos á meras intendencias del Po-
der central, destinados á hacer lo que el Poder central
quiera consentirles que hagan, porque él tiene el arbi-
trio de estender ó restringir la iniciativa y la acción de— 12 —

los Poderes de Provincia, aumentando ó disminuyendo
los subsidios, de que tendrán forzosamente que vivir.

Centralizar la renta, centralizar la iniciativa y la ac-
ción ¿es acaso sistema federal?

Con razón dijo, pues, el señor Mármol, que esta
cuestión u es solamente el principio de un debate que
" habrá de durar muchos años en la República, toman-
u do cada dia mayores proporciones y mayor empeño..
" entre la mayor centralización de poder en el Gobier-
" no general, y el mayor poder y derecho de los Esta-

dos. » (1)

En esas palabras está bien espresado el carácter ver-
dadero de la cuestión: de un lado, el espíritu unitario,
que tiende á centralizar la renta, por medio de la cual
se hace efectivo el poder, absorviendo todas las formas
del impuesto; y del otro, el espíritu federal, que tiende
á dividir la renta como divide el poder, dando al Go-
bierno Nacional el impuesto bajo una forma, y reser-
vándolo bajo otra forma para los Gobiernos provinciales.

VI

No seria difícil proseguir señalando las manifestacio-
nes del espíritu unitario, que se esfuerza por introducir
una falsa jurisprudencia- á la sombra de la Constitución
federal, y que puede acabar por presentarnos " la cho-
" cante contradicción de una Nación constituida bajo el
" régimen federal, ygobernada con el régimen unitario.»

Bastan, sin embargo, los hechos apuntados, para con-
vencer de que ese espíritu existe y puede bien propa-
garse.

/

(1) Sesión del 9 de iáayo de 1860, en la Convención de Buenos Aires.

— 13 —

VII

No existe tal vez deliberadamente. Los hechos que le
sirven de manifestación, no corresponden probable-
mente á un plan formado de hacer que, grado por gra-
do, degeneren las instituciones aceptadas.

Los que han combatido alguna de esas manifesta-
ciones, han sido los autores ó los defensores de otras:
y esa contradicción seria incompatible con la existen-
cia de un plan premeditado.

La honorabilidad de las personas las pone, por otra
parte, á cubierto de la sospecha de que quieran viciar
á sabiendas el espíritu de la Constitución Nacional, " con
" una jurisprudencia unitaria aplicada á una Constitu-
" cion federal. »

Pero, si es de toda justicia salvar las intenciones, no
es por eso menos cierto que los hechos existen, y que,
si se siguen produciendo, nos han de conducir á donde
sus autores no quieren ir seguramente.

Esos hechos tienen, en mi concepto, fácil esplicacion.
Proceden de una aspiración generosa que, juzgando
de las cosas en detalle, y preocupándose del mal inme-
diato, pero accidental y transitorio, no fija su atención
en el conjunto, ni se apercibe del mal inmediato, pero
seguro y permanente, que ha de sobrevenir, una vez
que se vicien, al darles aplicación, las bases fundamen-
tales de la Constitución Argentina.

Es unas veces el deseo " de crear un gobierno fuerte
" que pueda hacer frente á todas las dificultades y re-
" mediar las necesidades que han de surgir. . . . porque
" un Gobierno Nacional, al que le falta un gran poder, no
" hará, no conseguirá absolutamente nada. » (i)

Es otras veces el propósito de evitar "que el espíri-
" tu 3e partido, cuando todavía no está bastante mode-

(1)  Dr. Elizalde (D. R.), sesión del 28 de Junio de 1852, en el Senado.— 14 —

" rado para confiar únicamente á la ley las reparacio-
" nes individuales ó públicas, ocurra al estado de sitio
** como á medio bastante poderoso para saciar pasiones
u que conviene moderar ó contener " (I) ó el temor de
que 44 las limitaciones impuestas á las Provincias hagan

siempre que sus esfuerzos aislados sean débiles y ir.ez-
44 quinos, si no cuentan con el apoyo de la Nación, que
■4 puede á veces con una palabra evitar el empleo de la
*' fuerza y ahorrar muchas desgracias á los pueblos." (2)
Se tiene unas veces por objeio 44 colocar el derecho
44 bajo la protección del alto Tribunal, que erigió la
:l Constitución para garantir todos los derechos y todas
41 las libertades bien entendidas" (5) ó dotar á la Nación
«le considerables recursos, para que obtenga « medios

fáciles de comunicación,pronta y abundante inmigra-
44 cion, y un vasto sistema de educación popular para los
u fines de la democracia » (4).

El propósito no puede ser mas generoso, ni mas digno.
Aun negando la exactitud de la doctrina á que conduce,
no es posible negar la simpatía a la intención de que pro-
cede.

VIII

Pero, por santo que el propósito sea, los medios qu<;
se emplea para darle ejecución son, en mi opinión, des-
acertados.

Los Gobiernos no necesitan de mas fuerza que la
que corresponde al desempeño de la misión para que
son instituidos, es decir, al mantenimiento del órden en
el seno de la sociedad.

Para definir lo que es el órden, cuya conservación
debe ser la medida de la fuerza de  que estén investi-

(1) Nota al Gobernador «le San Juan, do y| de Julio do ISO'.'.

(2) 8r. Minisro del Interior, sesión del 5:i de Junio de 18US, en <•] Leñado.

(3) Dr. Irigoyen, Justicia Nacional ( .XI.

(*> Sr. Ministro del Interior, sesión del ?n deVayo de IROO, M la Cámara de Diputado*.

—   15 —

dos los Gobiernos, necesito definir primeramente lo que
es la libertad, según la entiendo.

La libertad es el derecho que tiene todo hombre,
para usar de sus facultades, naturales ó adquiridas, del
modo que mejor convenga al mas amplio desenvolvi-
miento de su personalidad, sin otro limite que el res-
peto que debe al derecho idéntico que tienen Jos de-
más.

El derecho que corresponde á cada hombre, no pue-
de dejar de corresponder también á los cuerpos mora-
les que se forman por la agregación de muchos hom-
bres.

Los Municipios, pues, y las Provincias tienen, como
los individuos, el derecho de emplear sus medio» res-
pectivos tlel modo que mejor convenga á su engrande
cimiento, sin otra regla que su propia voluntad, y sin
otro límite que el derecho idéntico de los otros Munici-
pios y de las otras Provincias.

A fin de que ese limite no sea arbitrariamente inter-
pretado por cada uno, de modo que perjudique á los
demás, las reglas constitucionales lo definen, en cuanto
á los cuerpos colectivos, señalando la esfera de acción
de los Poderes y las restricciones á que deben sujetar-
se, y en cuanto á los particulares, delegando en los Po-
deres creados, la facultad de señalar la esfera en que
debe ejercitarse la acción individual.

La libertad es la base primordial del sistema federa-
tivo, que deja subsistir en todas partes, en el hombre,
en el Municipio y en la Provincia, la espontaneidad de
la iniciativa y de la acción, en vez de crear un Poder
tínico, encargado de tener por todos pensamiento, ini-
ciativa y acción; y que, al dejar subsistir la espontanei-
dad en todas partes, la limita únicamente en cuanto es
necesario para mantener la armonía del conjunto.

El órden es esa misma armonía que resulta del ejer-
cicio de la libertad, que es el derecho de cada uno y el
derecho de todos.— 16 —

La fuerza de que necesita un Gobierno es, pues, so-
bre todas, la fuerza de la opinión; porque, si una vio-
lación del derecho produce una perturbación social, y
esa perturbación es tan grande que requiere, para hacer
que cese, una gran coerción material, teniendo el Go-
bierno la fuerza de la opinión, tiene con ella toda la
fuerza material de que la sociedad dispone.

La agresión que se hace al derecho de uno, es una
amenaza al derecho de todos, que se encuentran, por
consiguiente, interesados en contener y reprimir la
agresión, para salvar con el derecho agredido su pro-
pio derecho amenazado, y que no pueden dejar de con-
currir, aunque sea por egoísmo, á la represión del
agravio y á la reparación del derecho.

El aparato de una gran fuerza material permanente,
á mas de inclinar á los que la tienen en sus manos, á
prescindir de la fuerza de la opinión, sirve eficazmen-
te para pervertir la conciencia de los pueblos, indu-
ciéndolos á creer que la fuerza material es el elemento
indispensable de la seguridad y del órden, y llevándo-
los por grados hasta esta consecuencia inmoral y
barbarizad ora—la fuerza es el derecho—en vez de
conservar entre sus creencias, esta verdad salvadora de
la moral y del progreso, de la libertad y del órden—el
derecho es la fuerza.

Si hay peligro de que a el espíritu departido, cuan-
« do todavía no está bastante moderado para confiar
« únicamente á la ley las reparaciones individuales ó pú-
« blicas, ocurra al estado de sitio como á medio bastan-
ce te poderoso para saciar pasiones que conviene moderar
a 6 contener » ¿por qué ese peligro ha de existir única-
mente respecto de los Poderes de Provincia, y no ha de
existir también respecto de los Poderes Nacionales?

—17

Los hombres, en el ejercicio del Poder Nacional
¿están, por ventura, libres de las pasiones y de los erro-
res inherentes al hombre en todas partes, y de que no
pueden librarse en el ejercicio de los Poderes provin-
ciales? ¿Hay, acaso, algún motivo que haga razona-
blemente presumir, que son y serán constantemente
buenos los que ejercen el Poder en la Nación; que son
y serán constantemente malos los que ejercen el Poder
en las Provincias?

La lójica debe ser, por consiguiente, ó suprimir las
facultades del estado de sitio en todas partes, porque
en todas partes hay peligro de que se ejerzan mal; 6
dejarlas subsistir en todas partes donde pueda ser su
ejercicio necesario, y con las responsabilidades al Po-
der que traiga consiga el abuso.

X

La debilidad de los Gobiernos provinciales para sofo-
car la sedición en sus Provincias, si no cuentan con el
apoyo de la Nación, puede ser efectiva, si se desconoce
en ellos la facultad de declarar el estado de sitio, de
citar sus propias milicias, aun para la defensa del
órden interior, y de ejercer actos de guerra sin la
aprobación de la autoridad Nacional.

Pero esa debilidad no ha de existir, si reconociendo
que los Gobiernos de Provincia son tan perfectos para
los fines de su institución, como lo es el mismo Gobier-
no Nacional para los objetos de su mandato, y dotados
de medios, independientes y propios, correlativos en
estension á la estension de los deberes cuyo cumpli-
miento les incumbe, no se les niega el ejercicio de las
facultades necesarias para la conservación de su exis-
tencia,  que es uno de sus deberes, y para contener y

2- 18 —

reprimir la agresión que hacen los sediciosos al dere-
cho de la sociedad que • esos Gobiernos representan,
pretendiendo imponerle un órden de cosas diferente
del que la misma sociedad ha consentido.

De ese modo es que los Gobiernos locales serán,
como la Constitución quiere que sean, verdaderamente
independientes en todo lo que concierne al régimen
interior de sus Provincias. Asi es como la requisición
seguirá siendo lo que la Constitución la ha hecho—un
derecho establecido en favor de las Provincias, para
exigir que la Nación haga efectivo el goce y ejercicio
de las instituciones que la Nación les garantiza—en vez
de ser la obligación moral que se les quiere suponer,
y la necesidad material que se les quiere imponer,
reduciéndolas á la impotencia para defenderse á si
mismas.

•

XI

Si solo pudiera estar seguro el derecho, estando
colocado bajo la tuición del "alto Tribunal erigido para
" protejer todos los derechos y todas las libertades," la
Constitución habría consagrado la mas completa y
odiosa iniquidad, manteniendo la jurisdicción de los
Tribunales de Provincia, y la jurisdicción administrativa
de los Gobiernos Provinciales. Habria sido forzoso,
para evitar la inconsecuencia y la injusticia, refundir
en los Tribunales de la Nación la jurisdicción por entero,
y dar al país, por medio de la administración judicial,
una forma unitaria de Gobierno.

Todos los derechos son igualmente respetables, todos
los derechos son igualmente dignos de protección; y
sería monstruoso que la Constitución, haciendo una
distinción inconcebible, y casi digo, insensata, se hubie-
ra preocupado del derecho en unos casos, y lo hubiera

— 19 —

descuidado en otros; lo hubiera salvado en unos, po-
niéndolo bajo la protección del mas alto Tribunal de la
República, y lo hubiera comprometido en otros, deján-
dolo fuera del alcance de esa indispensable protección.

Pero, no: la Constitución no ha caído en esa incon-
secuencia, ni en esa monstruosidad. Ella ha establecido
para todos los casos la protección del derecho. Divi-
diendo la soberanía en su ejercicio, ha dividido la mane-
ra de dispensar aquella protección, encomendándola,
según los casos y por otras razones que la de protec-
ción, á los Poderes Nacionales ó á los Poderes de Pro-
vincia. Pero, en todos los casos, bajo la protecciou de
unos ó de otros, la Constitución ha creido y ha querido
que el derecho esté siempre protejido: en todos los
casos, bajo la protección de unos ó de otros, la Consti-
tución ha colocado siempre el derecho bajo la tuición
de los Poderes constitucionales; porque tan constitu-
cionales son los Poderes de la Provincia como los Po-
deres de la Nación, tan esenciales son al sistema los unos
como los otros.

Hombres son los que encarnan el poder, los que ad-
ministran la justicia, en la Nación y en las Provincias;
tan susceptibles son de virtud y de maldad, de verdad
y de error, en una posición como en la otra; y tan se-
guro ó tan en peligro está el derecho bajo la tuición de
un Poder ó bajo la tuición del otro.

XII

Las cuestiones de inmigración, de viabilidad y de
instrucción popular son, sin duda alguna, las mas in-
teresantes y mas graves que toca resolver á la Repú-
blica Argentina, para hacer prácticas las instituciones
de su ley fundamental, y para avanzar rápidamente en
el camino del porvenir grandioso á que tiene derecho
de aspirar.— 20 —

¿ De qué modo podrá facilitarse la solución de esa
cuestiones ? ¿ haciénaolas del resorte esclusivo d.
autoridad nacional, como la Constitución no las ha i,
cho, y como tiende á hacerlas la ahsorcion de la r«
ta? ¿ó confiándolas á la acción concurrente, como
Constitución las ha confiado, del Poder Nacional y ...
los Poderes de Provincia ?

No es posible que haya duda á ese respecto.   E! <
fuerzo de muchos es siempre mas poderoso que el <
fuerzo de uno solo.   El pensamiento, la iniciativa, el
esfuerzo y la acción de los Poderes Provinciales, tral> i
jando por resolver esas  cuestiones, sirviéndose 1 s
unos á los otros de estímulo y de ejemplo, ha de §er
mas fecundo que el pensamiento, la iniciativa, el es-
fuerzo y la acción del Poder Nacional únicamente.

Si esas  « son cuestiones de presupuesto, es deen
cuestiones de renta, » como las clasificaba con tunta
exactitud el Sr. Ministro del Interior (4), no se absoiva
la renta, no se suprima, diré así, el presupuesto «lo
las Provincias.

Puesto que la acción ha de estar en todas parí • s,
puesto que es constitucional, y justo, y convenionio

3ue lo esté, déjese también en todas partes el medio in-
ispensable de la acción.
Proclamar el derecho, establecer el deber, señalar
la conveniencia, y arrebatar en seguida los medios de
hacer efectivo ese derecho, de cumplir ese deber, da
satisfacer esa conveniencia, es proceder de un modo
contradictorio, es impedir que se convierta en hechos
lo que está escrito en las palabras de la ley, es impedir
los efectos de un sistema que es bueno, al mismo tiem-
po que se decanta su exelencia, es hacer  « una juris-
« prudencia unitaria, aplicada á una Constitución fede-
« ral, » y preparar cía chocante contradicción de una
<¿ Nación constituida bajo el réjimen federal, y gober-
« nada con el réjimen unitario. »

(1)  Sesioo del 23 de Mayo de 1866, en la C miara de Diputados.

— 21 -

XIII

N'ó es ese, en mi concepto, el buen camino. Nos es-
P n< mos á que esa contradicción, que nos dará un sis-
lerna federal escrito y un sistema unitario ejecutado,
im>s dé por resultado los inconvenientes de uno y otro
sistema, sin darnos las ventajas de ninguno. Nos es-
ponemos á pervertir la conciencia, á confundir las
ideas, á desprestigiar los medios honestos de gobierno,

á deprimir la fé, á entristecer la esperanza, y.......

¡ Dios quiera que estos hechos " anden á mayor distan-
M cía de sus funestas consecuencias, que la que hay de
" ¡a conclusión á las premisas ! " como decia el Dr.
Veloz Sarsíield, en sesión del Senado (-1).

No hadamos eso. La verdad es la política mejor.
Pon» no basta que la verdad se encuentre en la inten-
íio ; os necesario que se encuentre también en los
hechos. La verdad en la intención salvará la morali-
dad y el decoro de los hombres; pero no dejará por
oso do comprometernos á todos sériamente en una si-
tuación que puede ser sin salida.

Mantengámonos, pues, en la verdad. No adultere-
píos con la jurisprudencia el testo de la Constitución.
A| Mellémosla según su espíritu, y confiemos en ella.
N«» pretendamos colocará los hombres y á los pueblo
á proposito de todo, bajo la tutela, muy bien intencio-
Dada, yo lo creo, pero infecunda, si se hace universal,
« el Gobierno Nacional. Dejemos á los hombres y á los
pueblos la libertad y la responsabilidad de su propio
«'« til o. Hirámosles comprender que el bien y el mal
ha ■ • salir fiara ellos, de su propio seno, ha de ser su
pn | a obra.   Esa es la federación.   Esa es la derao-

icn de 28 de Junio de 1862.— 22 —

crácia. Y es el medio también de conseguir que sea
sólido y perdurable el vínculo de unión entre los Pue-
blos Argentinos.

La federaeion supone necesariamente una parte de
soberanía ejercida á nombre de todos por el Poder
central; y supone por consiguiente, la subsistencia de
la unión.   No hay federación posible sin esa condición.

Pero, si á la uniun intenta sustituirse la unidad,
debemos esperar que á la fuerza de absorción responda
una fuerza equivalente de resistencia, y debemos temer
que la lucha de esas dos fuerzas encontradas compro-
meta la existencia del vínculo que se quiere fortalecer.

"Lo que hace al pueblo revolucionario, ha dicho La-
" boulaye, es la necesidad de poseer un derecho que se
" le rehusa, y nunca el ejercicio de un derecho posei-
u do » (4\.

¿Qué buscarían hoy los Pueblos Argentinos en la re-
lajación del vínculo nacional? ¿La facultad de gober-
narse á sí mismos? Están ya en posesión de ese dere-
cho, y no puede concebirse la aspiración á poseer lo
mismo que se posee; no puede concebirse que " el ejer-
" cicio de un derecho poseído » haga revolucionarios á
los Pueblos, contra el orden de la Constitución que les
reconoce ese derecho

La absorción de facultades en el Poder central, que
fuese suprimiendo gradualmente ese derecho, que los
fuese privando poco á poco de la facultad de gober-
narse á sí mismos, los pondría en " la necesidad de
" poseer un derecho que se Ies rehusa, » y los obligaría
á empezar una lucha, que sería tan criminal como in-
sensata mientras se respete por todos y en favor de to-
dos, la letra y el espíritu de la ley fundamental.

El sistema federal, por consiguiente, tal como la
Constitución lo ha consagrado, se debe conservar inma-

(1) Discurso eu ¡a primera sesión general de la Sociedad do la Biblioteca Popularen
>ersa liles.

culado, á nombre de la libertad, á nombre del progreso,
á nombre de la justicia, y á nombre de la paz interna,
que se mantiene mejor por el convencimiento de los
Pueblos que dotando de fuerza á los Gobiernos.

XIV.

Esta es la conclusión á que me proponía llegar, mos-
trando la relación que existe entre las diversas cuestio-
nes que he indicado y lo que forma la materia princi-
pal de este trabajo, porque todas ellas son manifesta-
ciones de un espíritu latente, involuntario quizás, pe-
ro siempre peligroso.

Sastisfecha á ese respecto mi intención, voy á ocu-
parme únicamente en adelante del punto constitucional
controvertido, que da motivo á este estudio.

XV.

La primera razón dada para negar la jurisdicción que
se supone en la Corte, es que, habiendo tomado la cláu-
sula constitucional relativa, de la Constitución de los
Estados Unidos, es lógico suponer que hemos tomado
con el testo el espíritu—que, por consiguiente, nuestra
jurisprudencia debe ser la jurisprudencia Norte-Ame-
ricana—y que, siendo la verdadera significación de la
cláusula constitucional en los Estados-Unidos, aun antes
de que la enmienda XI existiera, la negativa de la juris-
dicción—esa misma negativa es la significación verda-
dera de la cláusula constitucional entre nosotros.

Los dos estremos de esa argumentación se descono-
cen, y es, por consiguiente, necesario demostrarlos de
manera que ninguna duda dejen.— 24 —

XVI

En cuanto al primero, haciendo una investigación
histórica muy llena de interés, el Dr. Irigoyen se empe-
ña en poner de manifiesto la diversidad que existe entre
el punto de partida de la federación de los Estados del
Norte, y el punto de partida de la federación Argentina,
para deducir por consecuencia que no puede esplicar-
se nuestra Constitución por la jurisprudencia y los an-
tecedentes de la Constitución del Norte.

El argumento se ha repetido ya tantas veces, en tér-
minos mas ó menos espresivos, que hay peligro de que
llegue á acreditarse ccmo verdad incontestable y abso-
luta, que nos indusca á prescindir del mejor comentario
con que podemos ilustrar la inesperiencia propia en la
aplicación de nuestro régimen constitucional.

Ese argumento se ha creído tan decisivo, que hasta
ha llegado á decirse «que nuestras instituciones admiten
** una interpretación, que tienda á hacerlas menos fede-
" rales que las de la Union Americana » (Á).

Conviene, pues, analizar con esmero lo que ese argu-
mento vale.

Yo comprendo perfectamente que no todas las cláu-
sulas de nuestra Constitución puedan esplicarse por la
jurisprudencia de los Estados-Unidos, porque hay en
nuestra Constitución y en la Constitución del Norte cláu-
sulas que son diversas.

Pero, en las cláusulas que están testualmente copia-
das por nosotros de aquella Constitución, lo razonable
es suponer que, al copiarlas, hemos entendido darles la
misma significación que en el original tenían; y el co-
mentario del original viene á ser, en consecuencia, el
mejor comentario de la copia; sobre todo cuando, al

(1)   Dr. Zabaleta sesión del C de Agosto do 186-', en ta Cámara de Diputados.

— 25 —

aceptar el testo, se ha dicho espresamente que la gran
ventaja de esa aceptación testual, era que ella nos daba
al mismo tiempo que el testo de una ley, el comentario
y la jurisprudencia que de esa ley se deriva.

No ha faltado quien, entre nosotros, niegue « que tan
" profunda diferencia exista entre la historia política de
" los Estados Unidos y la nuestra, » para sostener en
seguida de un análisis comparativo de las dos historias,
que " si nuestros antecedentes políticos se asemejan
" tanto á los de aquella Nación, y si la Constitución que
" se ha dado el Pueblo Argentino deliberadamente es,
" hasta en sus mínimos detalles, una traducción fiel
" de su modelo ¿por qué se pretende desautorizar la
" jurisprudencia constitucional de los Estados Unidos,
" como regla de criterio, cuando empezamos á poner
" en ejercicio las instituciones que hemos tomado de

" ellos?.....afirmando que " no solo la razón aconseja,

u sino también la moral y la lógica imponen á los hom-
" bres de Estado, el deber de volver sus ojos á la gran
" República, para iluminarse con su ejemplo y disipar
" las dudas que los detengan en la práctica de la legis-

lacion y en la vida administrativa. » (4)

Pero, aun admitiendo que la diversidad en los puntos
de partida de una y otra federación, fuera tan sustan-
cial, " tales consideraciones serian atendibles en un
" Congreso Constituyente, cuando se tratara de dar la

" ley fundamental que debiera imperar en la Nación.....

" Pero una vez dictada la Constitucion,....no nos es per-
" mitido alterarla dictando leyes de carácter opuesto, á
" pretesto de que nuestros antecedentes históricos y
" políticos no corresponden á la índole de la Constitu-
" cion que hemos copiado de los Americanos del Nor-
" te » (2).

Estes palabras, llenas de sensatez y de verdad, quitan

(1) Dr. Rawson, sesión del 5 de Julio de 186?, en el Senado.
t'2)   Dr. Itawson, sesión cit.— 26

todo su mérito al argumento que, fundándose en los di-
versos antecedentes históricos, se esfuerza en desauto-
rizar la jurisprudencia de los Estados Unidos, y preten-
diendo crear una jurisprudencia original para nosotros,
quiere falsear con ella el espíritu de la Constitución.

XVII

Y quizás podría irse mas' lejos todavía. Aceptando la
diferencia sustancial en el origen histórico de las dos
federaciones, me parece que podría sostenerse sin
esfuerzo, que la consecuencia lógica que de ese antece-
dente se debe deducir, es la consecuencia diametral-
mente opuesta á la que comunmente se deduce.

Si los Estados Unidos, partiendo de la separación,
han acabado por establecer la unión del vínculo fede-
rativo, ellos, aleccionados por los inconvenientes de
la separación, por la debilidad que provenia de la casi
absoluta independencia de los Estados, deben mirar la
intimidad de la unión como el ideal político á que les
conviene aspirar.

Nosotros que, por el contrario, partiendo de la uni-
dad, hemos llegado á la federación, aleccionados por los
inconvenientes de la completa unidad, debemos mirar la
restricción del Poder general y la dilatación de los Pode-
res locales, como el ideal político á que nos conviene as-
pirar.

Alejándose de la intimidad de la unión, los Estados
Unidos retrocederían hácia su punto de partida, se ale-
jarían del ideal de su política y del objeto de sus aspi-
raciones.

Dilatando el Poder Nacional á costa de los Poderes lo-
cales, retrocederíamos nosotros hácia el punto de parti-
da, tendiendo á la unidad de que nos hemos separado,
volveríamos á alejarnos de lo que constituye nuestro

— 27 —

ideal político—la emancipación de los Poderes de cada
localidad—volveríamos á alejarnos del objeto de nues-
tras aspiraciones.

Lejos de ser, por consiguiente, cierto que la diversi-
dad de origen permita dar á nuestras instituciones, una
interpretación mas unitaria que á las de los Estados
Unidos, me parece que podría sostenerse la proposición
contraria, como mas razonable y como mas conforme á
esa misma diversidad de origen, que forma, para cada
una de las dos federaciones, la ley y condición de su
existencia, á que tiene cada una de las dos que mostrar-
se consecuente.

No iré tan lejos, sin embargo. La interpretación de-
be esplicar la ley sin eludirla; y la interpretación, si es
leal entre nosotros, como debe serlo, no debe hacer
mas ó menos federales, mas ó menos unitarias nuestras
instituciones, que lo que la Constitución las ha hecho.
Nuestro deber y nuestra conveniencia es aceptarlas co-
mo son, y ejecutarlas con verdad: nuestro deber y nues-
tra conveniencia es hacer con fé y buena fé, el ensayo
de « la forma representativa, republicana, federal, se-
" gun la establece la Constitución. » (4)

XVIII

A parte de esto, cuando al copiar el testo de los Esta-
dos Unidos se ha dicho espresamente que se hacia para
aprovechar de su jurisprudencia, me parece que no pue-
de negarse que esa jurisprudencia hace autoridad en el
punto, para que se ha dicho que se la quería aceptar:
y el punto cuestionado es uno de esos en que la inten-
ción ha sido manifiesta.

" La Comisión, dijo uno de sus miembros mas nota-

(I) Ar(ículol.°— 28 —

" Mes en la Convención de Buenos Aires, ha tenido
" especial empeño cuando entró en estos debates, de
" no salirse de los términos literales, en cuanto era
" posible, de la Constitución de los Estados Unidos : no
" porque sea mas ó menos aplicable á nosotros, sino
" porque nos vamos á encontrar con una jurispruden-
* cia que á nadie le será permitido decir, yo opino así.
" Mientras tanto, si no salimos déla letra de la Constitu-
" cion, tenemos á donde apelar para salir de dudas (i). "

En su informe habia dicho ya la Comisión, que su
base de criterio, al formular las reformas, habia sido
" la ciencia y la esperiencia de la Constitución análoga
" 6 semejante, que se reconoce como mas perfecta—la
" de los Estados Unidos—por ser la mas aplicable y ha-
" ber sido la norma de la de la Confederación : que así
" muchas veces habia debido acudir á su testo en caso
" de duda ó deficiencia, utilizando á la vez el caudal de
" las leyes suplementarias que la aclaran, asi como

el cuerpo de doctrina que ellas forman ".......

porque sin desconocer, " al adoptar esta regla de cri-
" terio, que cada pueblo tiene su modo de ser pecu-

" liar.....habia reconocido también que el lejislador

" debe propender siempre á levantar los hechos á la
" altura de la razón, poniendo á la ley de parte de esta.

a La Comisión, dice en seguida el mismo informe,
a ha partido de esta base, que es lo que constituye el
a derecho general: que existia para los pueblos libres,
" un evangelio político, una moral política, principios
** fijos que tenían el carácter de dogmas, los cuales, si
" bien pueden modificarse en su aplicación, no es posi-

u ble alterar en su esencia.....Que siendo hasta el

" presente, el gobierno democrático de los E. U., el úl-
" timo resultado de la lójica humana, porque su Cqos-
" titucion es la única que ha sido hecha por el pueblo
" y para el pjieblo, sin tener en vista ningún interés

8. Sarmiento, stsicn del 7 de Mayo «le MSflO.

— 29

" bastardo, sin pactar con ningún hecho ilegítimo, ha-
" bria tanta presunción como ignorancia en pretender
" innovaren materia de derecho constitucional, descono-
u ciendo las lecciones dadas por la esperiencia, las ver-
" dades aceptadas por la conciencia del género huma-
" no. Y. por último, que por lo menos, en aquella
11 parte del derecho general que se halla fuera de cues-
" tion, y en la que se refiere á las originales combina-
" dones del derecho federal moderno, no teníamos
" título para enmendar ó mutilar las leyes de la Nación
" que ha fundado y consolidado prácticamente las ins-
" tituciones federativas, apoyándose en esos mismos
" principios, invocando nosotros el especioso pretesto
" de la originalidad 6 de las especialidades nacionales,
" porque la verdad es una, y sus aplicaciones solo
" tienen autoridad cuando cuentan con la sanción del
" éxito, (i) "

XIX

En cuanto al segundo estremo de la argumentación
cuya exactitud se desconoce, séame permitido para de-
mostrarlo, recordar hechos y antecedentes que he teni-
do ocasión de mencionar antes de ahora,

Cuando la Constitución se discutía en los E. U., el
General Hamilton, respondiendo á las objeciones que se
hacia contra la organización del Poder Judicial, decia
en el Federalista " Es inherente á la naturaleza de la
" soberanía que no pueda ser demandada por un indi-

" viduo, sin su consentimiento.....no hay razón ni

" sombra de razón para pretender que los Gobiernos
" de Estado hayan de perder, por la adopción de este
" plan, el privilegio de pagar sus propias deudas, por
" los medios, caminos y recursos que pudieran arbitrar

(1)  Diario de Sesiones de la Convención paj.9í.— 30 -

u libres de toda coacción que no sea la fuerza moral que
" fluye de las obligaciones contraidas y de la buena
" fé. Los contratos entre una Nación ó un Estado con
" individuos, son solamente obligatorios en la concien-
" cia del Soberano y no traen aparejada fuerza com-
" pulsiva. Ellos no confieren un derecho de acción
" independiente de la voluntad soberana. ¿ A qué pro-
* pósito se autorizarían pleitos contra los Estados por
" deudas ó créditos reconocidos por ellos ? ¿ Cómo se
" les podría obligar á su pago y satisfacción ? Es eviden-
" te que no podría hacerse sin declarar y pagarla guerra
" contra el Estado contratante; é investir á la Suprema
" Corte, por una mera implicancia y aniquilando el de-
" recho preexistente de los Gobiernos de Estado, de
" un poder que envolvería semejantes consecuencias,
" seria á la vez forzado é injustificable. (\) "

Desde el primer momento, la cláusula constitucional
fué, pues, como se vé, esplicada de modo que niega la
atribuida jurisdicción de la Corte. Y para dar toda su
importancia á esas palabras, conviene que no se olvide

3ue es Hamilton su autor, el mas ardiente y mas hábil
efensor de los poderes de la Union, á que deseaba dar
la mayor consistencia y energía.

Mr. George Masson, analizando en la Convención de
Virginia, las facultades conferidas al Poder Judicial de
la Union, decía respecto de la que dá lugar á este de-
bate, lo siguiente:

" No puedo convenir en la propiedad de la atribu-
" cion que confiere á la Corte la decisión de los pleitos

" entre un Estado y los ciudadanos de otro Estado.....

" ¿ Cómo obrará su jurisdicción en este caso ? Rue-
u go á los señores de la Convención, que se fijen por
" un momento en las condiciones de la población de
** nuestras fronteras del Oeste. Los reclamos respecto
" de aquellas tierras, cualquiera cuenta liquidada con-

(1)  Peder. No. 81.

— .31 -

" tra el Estado, ó cualquier otro reclamo será juzgado
" por la Corte federal. ¿ No es esto desairoso y humi-
" liante ? ¿El Estado será arrastrado á la barra de la
■* justicia como un individuo delincuente ? ¿ La sobe-
" rania del Estado será emplazada á manera de un cul-
" pable ó de un reo común ? ¿ Sufrirán los Estados
" esta indigna mortificación ? Juzgo que este odioso po-
•• der es perfectamente innecesario. Pero sigamos
'• un poco mas en la materia. ¿Qué se ha de hacer cuan-
" do se obtenga una sentencia contra un Estado? ¿ Lan-
" zará la Corte contra él un mandato de ejecución ?
" Seria ridículo decir que la Corte puede mandar poner
" en la cárcel el cuerpo del Estado. ¿ Y cómo se ejecu-
" tará la sentencia ?   Un poder que no puede hacerse

" efectivo, no se debe conceder.....

" La mayor parte délas atribuciones ó facultades, con
" que se ha investido al Poder Judicial federal, son in-
u necesarias, son peligrosas, y tienden á menoscabar y
" destruir el Poder Judicial de los Estados, y por el
u mismo principio, el Poder Legislativo y el Gobierno
" de los Estados. (4) »

Respondiendo á esas y otr<ts observaciones, Mr. Ma-
«lisson decía en la misma Convención: " La jurisdicción
u para las controversias entre un Estado y ciudadanos
" de otro Estado, ha sido objetada con insistencia, y
" quizás sin razón. No está en el poder de los indivi-
" dúos citar ó emplazar á un Estado ante una Corte de
" Justicia. El único efecto qxie puede producir este
" inciso, es que si un Estado necesita entablar una de-
u manda contra un ciudadano de otro Estado, debeha-

" cerlo ante la Corte federal......Este es un caso

" que acontecerá raras veces, y si se hallase impro-
" pió por la esperiencia, se podrá alterar. Pero, asi
" entendido, puede dar buenos resultados. (2) »

(1} Deb. of the Conv. of Virginio, Se» 18 June 178X.
(2)  Session 20 June— 32 —

Y Mr. Marshall agregaba en seguida: " Respecto de
" los pleitos entre uq Estado y ciudadanos de otro Es-
" tado. se ha censurado la jurisdicción atribuida á la
" Corte con una vehemencia inusitada. Espero que
" ninpuno de los señores de la Convención pensará que
" un Estado pueda ser llamado á la barra de una Corte

" federal, por la demanda de un particular..... No

" es racional suponer que el Poder soberano de un Es-
" tado sea arrastrado ante una Corte de Justicia. El in-
" tentó es habilitar á los Estados para perseguir deu-
** das ú otros reclamos contra individuos recidentes en
" otros Estados, ó contra individuos de otros Estados.
" Yo sostengo que esta inteligencia está garantida por las

" palabras de la Constitución..... Yo veo una gran

" dificultad en hacer demandable á un Estado; lo que

" no obsta á que él pueda ser parte demandante......

" Si un individuo tiene un reclamo contra un Estado
" particular ¿ se puede presumir que no obtendrá la
" debida satisfacción, elevando á la Legislatura del mis-
" mo Estado su solicitud y justificativos ? Pero ¿ cómo
" podría un Estado perseguir sus reclamos contra un
u ciudadano de otro Estado, sin el establecimiento de
" los Tribunales federales? (-1) »

XX

Con estas esplicaciones la Constitución se aceptó, en
la inteligencia de que la cláusula en cuestión se refería
únicamente á las causas promovidas por un Estado, y
no á las causas promovidas contra un Estado.

Poco después de puesta en ejercicio, un particular
demandó al Estado de Georgia ante la Corte.

El Estado declinó de jurisdicción, ordenando á su
Abogado que no alegase en la materia principal del
pleito.

1)   Session 20 June.

— 33 —

La Corte no hizo lugar á la declinatoria, declarando
la mayoría desús miembros, que la cláusula compren-
día las demandas promovidas por un Estado y las de -
mandas promovidas contra un Estado.

" Cuando estas seguridades de los mas acreditados
" amigos de las nuevas instituciones, ha dicho Mr.
" Campbell, (i) se vieron contradichas por la admi-
" sion de pleitos en esta Corte contra varios de los
" Estados, por individuos demandantes,  poco tiempo
" después de aceptada la Constitución, surgió y se hizo
" sentir una grande indignación.  Esta indignación no
" fué ocasionada, como se ha pretendido, por el temor
" de las consecuencias que pudieran resultar entre los
" Estados, como deudores; sino por el hecho de que
veian en la admisión y ejercicio de una jurisdicción
" negada y desautorizada por la letra y el espíritu de
" la Constitución, la violación  mas repugnante de los
" derechos de soberanía. La historia no puede aceptar
" otro motivo. »

Para ponerle término, poniendo á la causa que la pro-
ducía pronto y eficaz remedio, Mr. Strong, Senadorpor
Massachussets, propuso la enmienda II.* de la Cons-
titución, que fué admitida por veintitrés votos contra
dos en el Senado y por ochenta y tino contra nueve en
la Cámara de Diputados, y asentida por las Legislaturas
de los Estados, ratificándola el de Georgia como un
artículo esplicatorio.

" Asi la suprema constitucional jurisdicción de los
" Estados Unidos, ha dicho Mr. Campbell en el pleito
" citado, la concurrente acción del Congreso y de las
" Legislaturas de los Estados, espresando un consenti-
" miento casi unámime, corrigió la opinión de la
" Suprema Corte, hizo sobreseer su juicio final en esos
" casos, é impidió que se promoviesen en adelante,
' declarando que la Constitución no debía entenderse
** que los habia permitido.^

0)  Florida rersus Georgia, eo 1854.

3- - 34 —

Quedó asi restablecido el significado verdadero de la
Constitución, mal entendido por la Suprema Corte de
Justicia, que habia dado á esa cláusula una inteligencia
diversa de la que le habían atribuido Hamilton, Madis-
son y Marshall, que era la que sirvió de base para la
aceptación; una inteligencia diversa de la que le daban
los veintitrés Senadores y ochenta y un Diputados que
aprobaron la enmienda, y de la que le daban las Legis-
laturas de los Estados que la ratificaron—es decir —
otra inteligencia que la que tenia el concenso general.

XXI.

« La resolución, se dice sin embargo, de la Corte,-
c que es á lo que propiamente puede llamarse Jurispru-
a dencia, dirimió la cuestión por la afirmativa. Ella
« estableció en el caso de Chisholm (Georgia) que el
« Poder Judicial bajo Ja Constitución se aplicaba igual-
« mente á causas Isuits) promovidas por y contra un
« Estado » . . . .

« De este modo, se agrega, el antecedente histórico
a de los Estados Unidos no es favorable á los que com-
" baten la jurisdicción de la Corte. » (i)

Y sosteniendo que lo que se ha llamado enmienda XI
á la Constitución de los Estados Unidos, es realmente
una enmienda y no una esplicacion del testo constitu-
cional, como lo espresó el Estado de Georgia, se dice
que "no puede llamarse interpretación, una declaratoria
" introducida, sancionada, espresamente con el objeto
u de modificar, de destruir, la interpretación déla Corte
u de Estados Unidos, único poder á quien compete
" interpretar la Constitución:—que el Congreso no
" podia hacer esa interpretación,  con  resultado en

0)  Dr. Irigoyeo, Justicia Nacional párrafo V.

— 35 —

u oposición á la Corte, porque ésta habría persistido en
" su interpretación legal ó constitucional, y la declara-
" toria del cuerpo lejisiativo no habría entonces pro-
u ducido el resultado que se buscaba:—que la palabra
" entiéndase, fué adoptada para cortar nuevas compli-
" caciones, para dejar incluidas en la enmienda todas
u las causas pendientes, y á fin de que no surgiera la
" nueva cuestión de si la enmienda recientemente san-
" cionada, regía los casos ya pendientes ó solo los futu-
" ros:—que ese fué el objeto que tuvo el Estado de
" Georgia, al prestar su ratificación en los términos
"recordados:—y que esa declaración de un Estado
u interesado no alcanzó á destruir el carácter reconoci-
'•' do de la enmienda.» (4)

Esta série de reflexiones merece, para ser discutida
con claridad, ser tratada con separación; y es lo que
voy á hacer, valiéndome en alguno de los puntos que
comprende, de una autoridad que es para mí muy
estimable, y que para mi distinguido contradictor no
puede ser sospechosa, pues es la autoridad del mis-
mo contradictor, que tanta erudición y dialéctica
tan firme ha mostrado en el estudio que me ocupo de
impugnar.

XXII.

La Corte de los Estados Unidos, es muy cierto, diri-
mió por la afirmativa la cuestión, declarando en el
caso de Chisholm vérsus Georgia, que su jurisdicción
comprendía las causas promovidas por y contra un
Estado.

Pero, ni esa decisión se puede llamar Jurisprudencia,
ni hace desfavorable á los que combaten la jurisdicción
de la Corte, el antecedente histórico de los Estados
Unidos.

(•)   Dr Irigojen, Justicia Nacional párrafo VI.- 3b

La Jurisprudencia de los Tribunales es la que resulta
de una série de decisiones conformes que, dando siem-
pre la misma inteligencia al testo de la ley, acaba por
constituir lo que se llama interpretación usual.

No siendo série una sola decisión, no puede decirse
que ella baste para establecer Jurisprudencia, fijando
con solidez la interpretación usual.

Esa decisión queda, por consiguiente, reducida áuna
interpretación doctrinal, que solo vale lo que valgan
los fundamentos que le sirven de motivo. Y estando
demostrado que fue un error de la Corte, que dió á la
cláusula constitucional una significación diversa de la

3ue tenia el asentimiento general, de la que le habían
ado los autores mismos de la Constitución, y de la que
había servido para determinar su aceptación, los funda-
mentos del fallo, por mas hábiles que fuesen, no pudie-
ron quitarle su verdadero carácter, ni convertir en
lejítima " la admisión y ejercicio de una jurisdicción
" negada y desautorizada por la letra y el espíritu de la
" Constitución.»

Esa decisión fué contradictoria con las seguridades
dadas por « los mas acreditados amigos de las nuevas
« instituciones, » y la indignación que despertó «no fué
« ocasionada como se ha pretendido, por el temor de
« las consecuencias que pudieran resultar contra los
« Estados, como deudores, sino porque veian en ella la
« violación mas repugnante de los derechos de sobe-
« ranía. »

No es posible, sin abusar del lenguaje, llamar juris-
prudencia á eso; y el antecedente histórico de los E. U.
que queda con valor entonces, es la esplicacion que de
la cláusula constitucional hicieron « los mas acredita-
« dos amigos de las nuevas instituciones »—es decir—
el antecedente favorable á los que combaten la jurisdic-
ción de la Corte.

XXIII

« La Corte, ha dicho el Dr. Irigoyen con mucha exac-
« titud, juzga cada caso, como se ha establecido; no ha-

« ce leyes ni decisiones generales obligatorias......

« la Corte juzga cada caso según las circunstancias que
« lo acompañan ó que lo caracterizan, sin hacer deci-
« siones generales que encadenen su juicio* y tengan
« fuerza de leyes. (-1) »

Mev felicito ele encontrar esta doctrina establecida
con una precisión que me habria sido difícil alcanzar,
y que no podria exeder en ningún caso.

Esa doctrina es aplicable á la Corte de los E. U., lo
mismo que á la nuestra.   En los Estados Unidos lo mis-
rao que entre nosotros, los Tribunales resuelven casos
solamente, sin hacer decisiones, ni reglas generales,
que rijan las opiniones de un modo irrevocable. Allr,
como entre nosotros, no hay principio que diga res ju-
dicata ve-ritas est.   El principio es únicamente res jxt-
dicata pro veritate habeatur.
^ Una cuestión de derecho, decidida una vez, puedo
discutirse cien y mil veces mas en nuevos casos que so
presenten, y el Tribunal corregir en esos nuevos casos
su propia jurisprudencia anterior.

La decisión pronunciada en el caso de Chisholm con-
tra Georgia, que solo podía producir efecto legal en ese
caso, no escluye la posibilidad de que la Corte volviera
atrás de su error; y existiendo esa posibilidad, ni fija
jurisprudencia, ni atenúa el valor incontestable de los
antecedentes históricos, que dan á la cláusula constitu-
cional una significación opuesta á la que le dió la Corte.

(I) Justicia Nacional párrafo III.XXIV

Para convencerse de que lo que se llama enmienda
XI á la Constitución de los E. U., no es verdadera en-
mienda, sino esplicacion del testo constitucional, basta
fijar un poco la atención en los términos en que se en-
cuentra redactada.

* No se entenderá, dice, que el Poder Judicial de los
" E. U. pueda estenderse hasta las causas sobre puntos
" de derecho y de equidad, que hayan sido iniciadas ó
" continuadas contra uno de los Estados Unidos por
" ciudadanos de otro Estado ó por ciudadanos ó súb-
¿£ ditos de una potencia estrangera. »

Esas palabras equivalen rigorosamente á estas otras:
** Se declara que el Poder Judicial de los E. U. no pue-
" de estenderse hasta las causas sobre puntos de dere-
" cho y de equidad, que hayan sido iniciadas ó continua-
u das contra uno de los Estados Unidos por ciudadanos
<£ de otro Estado ó por ciudadanos ó subditos de una
'£ potencia estrangera. »

Y esta, como se vé, no es la forma en que se dicta un
nuevo precepto legal, sino la forma en que se esplica
un precepto legal existente, sobre el que se suscita ó
puede suscitarse dudas.

XXV

Una enmienda, que habría sido una ley ex post facto,
habría tenido que ser forzosamente una ley para el fu-
turo, que habría impedido entablar nuevas demandas
contra uno de los Estados por ciudadanos de otro, pero
que habria dejado subsistentes las demandas ya enta-
bladas.

Una esplicacion podía y debía comprender, sin viola-

— 39 —

don de los principios generadores del derecho, las de-
mandas pendientes; porque la ley interpretativa retro-
trae sus efectos á la época de la ley interpretada, y es
aplicable á los negocios pendientes, aunque se hayan
iniciado antes de que la interpretación se diera.

De modo que los efectos atribuidos á la enmiendo,
haciéndola comprender los negocios iniciados y pen-
dientes, vienen á confirmar el carácter que le dá su re-
dacción—el carácter de una interpretación, y no el de
verdadera enmienda.

No sieudo interpretación, esa " declaratoria introdc-
" cida, sancionada, espresamente con el objeto de m«>-
" dificar, de destruir, la interpretación de la Corte, »
no habria alcanzado su objeto—no porque la Corte sea
el " único poder á quien compete interpretar la Cons-
" titucion »—sino porque ella u habria persistido en su
" interpretación legal ó constitucional »—aplicando la
enmienda, que era una ley nueva, á los casos supervi-
nientes, y dejando de aplicarla á los casos iniciados ba-
jo el imperio de la ley modificada.

Por eso es precisamente que se adoptó la forma espli-
cativa, que se hizo una interpretación y no una enmien-
da verdadera, "para cortar nuevas complicaciones, para
* dejar incluidas todas las causas pendientes, y á fin do
u que no surgiera la nueva cuestión de si ella regia los
u casos ya pendientes ó solo los futuros.»

Si se niega crédito á los términos en que el Estado
de Georgia prestó su ratificación, por ser interesado,
no podrá, sin embargo, negarse á la declaración hecha
por la Lejislatura de Virginia, en las palabras siguien-
tes:

" Resuelve unánimemente que un Estado no puedeba-
" jo el régimen de la Constitución de los Estados Unidos,
" ser demandado en un pleito instaurado por un indi-
" viduo ó individuos, y que la decisión de la Suprema
" Corte Federal, que importa que un Estado puede ser
" colocado en esa situación, es incompatible con la so-— 40 —

" berania é independencia de los Estados individuales,
" tanto como peligrosa, por que tiende [á una consolida-
" cion general de estas Repúblicas confederadas » . . . .

El Estado de Virginia entendió, pues, lo mismo que
el de Georgia, lo que se llama enmienda XI—como una
interpretación—porque él babia ya declarado que
tenia por incompatible con el régimen de la Constitu-
ción de los Estados Unidos, la decisión de la Corte.

XXVI.

Ni la Corte es, como se dice, el único poder á quien
compete interpretar la Constitución.

" Corresponde al Congreso como Poder Legislativo,
u al Ejecutivo y al Poder Judicial, á cada uno en su
" caso y en el ejercicio de sus funciones, la interpreta-
" cion de la Constitución. El Congreso dicta leyes, y al
" sancionarlas interpreta la ley fundamental como la
"entiende; tomismo sucede con los decretos y todos
" los actos del Poder Ejecutivo, y con los que son pro-
" pios del Poder Judicial, con la sola particularidad en
u nuestro sistema de que, siendo cada una de las auto-
" ridades constituidas responsable, conforme á la ley,
" por la interpretación que hubiere dado, solo el
" Poder Judicial da la interpretación definitiva en los
" casos que se someten á su fallo, declarando la consti-
" tucionalidad ó inconstitucionalidad de las leyes y aun
" de los actos administrativos.» (4)

' Esa interpretación definitiva de la Corte no suprime,
sin embargo, la que los otros poderes han hecho en el
ejercicio de sus funciones, no la revoca de un modo
teórico y general: " su fuerza moral se disminuye,
" pero su efecto material no se suspende.   Poco á poco,

1) Sr. Ministro del Interior, sesión del23 de Junio de 1864, en el Senado.

— 41 —

" bajo los golpes repetidos de la jurisprudencia, es que
" al fin se desvirtúa.» (A)

Si la interpretación de la Corte no escluye la de los
otros Poderes, es claro que no es ella el único poder á
quien compete interpretar la Constitución.

Ni podria serlo, -1.° por que esa facultad desnatura-
lizaría sus funciones, haciéndole juzgar las cuestiones
en abstracto, y 2. ° por que la facultad de interpretar
la ley de un modo general, absoluto y obligatorio, soi0
reside en el que tiene el poder de dictar, de modificar)
ó revocar la misma ley— y por consiguiente, la facul-
tad de interpretar la Constitución en esa form soj0
reside en el Poder Constituyente. a

XXVII.

El Congreso de los Estados Unidos no podia hacer la
interpretación que contiene la enmienda XI, " con re-
sultado en oposición á la Corte », por que no era Po-
der Constituyente. Por eso no fué el Congreso el que
la hizo, sino el Poder Constituyente.

Sancionada la Constitución, la facultad de dictarla
queda reemplazada por la de reformarla ó revocarla,
porque esas facultades, análogas por su naturaleza,
residen en el mismo cuerpo y en el mismo Poder, en el
cual también reside la facultad de interpretarla, igual
por su naturaleza á las otras.

Pudiendo el Congreso de los Estados Unidos, con dos
tercios de votos en cada una de las Cámaras, y con la
ratificación de las Legislaturas de las tres cuartas partes
de los Estados de la Union, ó de Convenciones convoca-
das especialmente á este objeto, hacer enmiendas en la
Constitución, (2) puede en la misma forma interpretar-
la, fijando su verdadero sentido, y su interpretación

(1) Tocqueville, Democratie en Amérique, Chap VI.
C2) Art.V.obliga á todos los Poderes, cualquiera que sea la que
ellos hayan dado anteriormente, por que el Poder Cons-
tituyente es superior ¡i los Poderes constituidos.

Así fué como se hizo la interpretación contenida en
la llamada enmienda XI, y por eso se hizo " con resul-
** tado en oposición á la Corte » que, sin revelarse con-
tra el Poder superior Constituyente, no habría podido
persistir en la interpreta» ion que ella había dado, y que
resultaba correjida por la interpretación auténtica san-
cionada en la forma establecida por la misma Consti-
tución.

XXVIII

De aquí se pasa, para sostener la jurisdicción de la
Corte, á otro género de ideas, que es interesante se-
guir y examinar con detención.

La facultad discutida, se dice, « no es una originali-
« dad de la carta de Mayo, » y para comprobarlo se men-
ciona la Constitución de 1819 y la de 4826. (4)

La cláusula constitucional, se dice también, ha sido
entendida por el Congreso Argentino, al sancionar la
ley de -16 de Octubre de 4862, del modo que atribuye
jurisdicción á la Corte; y ha sido bien entendida porque

< según los artículos 100 y 401, corresponde á la Cor-
« te Suprema, originaria y esclusivamente, el conoci-
« miento y decisión de los asuntos en que alguna Pro-
te vincia sea parte.....y parte en un proceso es el

« que tiene interés y lo gestiona, sea para sostener ó al-

< can zar el reconocimiento de un derecho, sea para
« eliminar una obligación que se le imputa ó recla-

« ma.....y aplicando esta definición, resalta ya cuan

c violenta es la restricción que quiere imponerse, di-

< ciendo que parte, en el sentido de los artículos 400

(I)  Dr. Irigoyeu > Justicia Nacional • párrafo VIH.

— 43 —

<r y 404 de la Constitución Nacional, solo quiere decir
« demandante ó actor. (4) »

XXIX

•

Las Constituciones de 4849 y 4826 nada prueban en
la cuestión actual, por dos razones que son, en mi con-
cepto, igualmente poderosas—

4. ° porque ellas pertenecen á otro sistema que el
de la Constitución vigente.

2. ° porque no pasaron de proyectos á que no se
dió jamás ejecución; de manera que, aunque son en rea-
lidad hechos parlamentarios, no son hechos sociales,
que constituyan antecedente de la vida práctica en la
República Argentina.

« Dos años después, (4819), dice el Dr. Irigoyen, fué
« sancionada una Constitución, que estuvo muy lejos de
« ser federal.....

« La anarquía interior impidió que esa Constitución
« rigiera.....

« De acuerdo con esta resolución, dice el mismo Se-
« ñor hablando del Congreso de 4826, se sancionó so-
« bre la base de la unidad de régimen, la Constitución
« que fué presentada á la aprobación de los pueblos.
« Todos conocemos el resultado.....(2) »

Los propósitos de dos Constituciones unitarias ¿pue-
den servir para esplicar el pensamiento de una Consti-
tución federal ?

Las facultades que son compatibles con el sistema de
la unidad de régimen ¿ son siempre compatibles con
el sistema de la unión federativa ?

La fuerza del poder, á que está todo subordinado en
el sistema unitario ¿ és conciliable con la independen-

(1) • Justicia Nacional • párrafo V.

(2) Dr. Irigoyen • Justicia Nacional » párrafo I.

■— 44

cia de los poderes locales, que sirve de base y consti-
tuye la esencia del sistema federal ?

Estas interrogaciones soler pueden tener una respues-
ta negativa, y esa respuesta destruye completamente el
valor de las citas que se ha hecho, de aquellas dos
Constituciones en proyecto.

Los antecedentes válidos entre nosotros son,'por el
contrario, adversos á la pretendida jurisdicción de la
Corte.

He mencionado ya las palabras del Sr. Sarmiento en
la Convención de Buenos Aires, y las palabras del in-
forme de la Comisión que presentó las reformas. Ellas
revelan de un modo indubitable, el propósito de apro-
vechar y de apropiarnos la jurisprudencia constitucio-
nal de los E. U., utilizando el caudal de las leyes su-
plementarias que la aclaran, asi como el cuerpo de
doctrina que ellas forman.   Y siendo la jurispruden-
cia de los E. U., con la ley suplementaria que la aclara
—la enmienda XI—repulsiva de la jurisdicción de la
Corte, esa jurisprudencia forma un antecedente que po-
demos llamar nuestro por asimilación.

El número 8. ° del Redactor contiene estas palabras
que, esplicando la naturaleza y acción del Poder Judi-
cial de la Nación, forman otro antecedente repulsivo de
la jurisdicción de la Corte.

"La Suprema Corte de los Estados Unidos, cuya ju-
" risdiccion se copia á la letra, es un poder que nunca
" obra sobre los Estados, sino meramente sobre los
" individuos.   De otra manera los Estados particulares

" perderían su independencia.....

*■ El poder nacional, la Suprema Corte, no pueden
" sujetar á sus decisiones al Gobierno, ni á la Legisla-
" tura de los Estados particulares, ni obrar jamás sobre
" !os Estados, n* sobre sus autoridades, sino sobre los
" individuos particulares. Solo hay el caso de jwris-
* dicción sobre los Estados, cuando un Estado de-
manda á otro......

-

— 45 —

* Nunca, nunca la Suprema Corte puede ser juez de
" los poderes públicos,ni nacionales, ni provinciales......

Por último, existe el hecho histórico, incontroverti-
ble é invariable, de que jamás las Provincias han estado
sometidas al juicio de Poder alguno estraño á ellas, de

3ue siempre han estado en posesión del derecho de
ecidir por conducto de sus mismas autoridades, todas
las causas de lo contencioso administrativo, todas sus
cuestiones con individuos particulares.

XXX

El Congreso Argentino, esa es sin duda alguna la
verdad, entendió, al sancionar la ley de 46 de Octubre
de t862, la cláusula constitucional del modo que atri-
buye-jurisdicción á la Corte.

Pero, á pesar de los respetos que merece el Cuerpo
Lejislativo de la Nación, yo no 'vacilo en decir que ese
hecho es un argumento muy débil en favor de la pre-
tendida jurisdicción.

Poco importa saber como entendió la claúsula cons-
titucional el Congreso Argentino. Lo que importa sa-
ber es si la entendió en su verdadera acepción. La
inteligencia dada por el Congreso es un argumento de
pura autoridad ; y en estas materias es preciso decir—
Amicus Plato, sed magis amica veritas—por muy
grande que sea la autoridad de los hombres, la de la
verdad es mayor.

Si la inteligencia dada por el Congreso no es la inte-
ligencia verdadera, la ley no puede dar á la Corte la
jurisdicción de que por la Constitución carece. _

La jurisdicción que pertenece al Poder Judicial de la
Nación, es una jurisdicción escepcional, restrictiva, im-
prorogable, que solo comprende los casos que la Cons-
titución le atribuye espresamente. Fuera de esos casos
no es jurisdicción, sino usurpación de atribuciones. El46 —

mismo Poder Legislativo no la puede estender, por que
el Poder Legislativo no puede alterar la Constitución-,
vía usurpación de atribuciones, consentida y autoriza-
da por él, no dejaría de ser usurpación, sin embargo.

" La Constitución es la forma de gobierno delineada
" y escrita por la mano poderosa del Pueblo Argentino.

" La Constitución es cierta y fija: contiene la volun-
" tad permanente del pueblo, y es la ley suprema del
" país. Es superior al poder del Congreso, y solo pue-
" de ser revocada ó cambiada por él poder que la hizo.
" El Congreso es la creatura de la Constitución; debe
" su existencia á la Constitución, y deriva todos sus po-
" deres de la Constitución. Todos sus actos tienen que
•: ser conformes con ella, so pena de nulidad. La Cons-
" titucion es la obra ó la espresion de la voluntad del
" Pueblo mismo, en su capacidad ilimitada, originaria
" y soberana. La ley es la obra ó la espresion de la_vo-
" luntad del Congreso, en su capacidad derivativa y su-
M bordinada. » (-1)

XXXI

Asi los defensores de la jurisdicción de la Corte se ven
forzados á sostener que el Congreso Argentino enten-
dió bien, en -1862, la cláusula constitucional, y resisten
definiendo las palabras, la distinción que la limita á los
casos en que sean las Provincias demandantes.

Parte es, sin duda, en el juicio, tanto el demandante
como el demandado. No pretendemos ni necesitamos
negarlo, los que negamos la jurisdicción de la Corte;
como no negamos ni pretendemos negar que una regla
de interpretación prohibe hacer distinciones, cuando la
ley no las ha hecho.

Pero sostenemos que, en este caso, por mas amplia
y absoluta que parezca la palabra de la ley, la distinción

(n   Dr. Gnrostiaga, sesión del I ° do Agosto de 180!?, en la Cámara de Diputados.

está justificada, porque la distinción está en el espíri-
tu y en los motivos de la ley, que es la primera condi-
ción á que debe atenderse para esplicar su sentido.

La cuestión, pues, no se resuelve por el valor literal
ile la palabra, sino por el valor de todos los argumen-
tos hechos en pró .y en contra para demostrar su sig-
nificación verdadera y el espíritu restrictivo que ella
tiene.

XXXII

" Para dar á las Provincias, se replica, el derecho de
" demandar á sus deudores, no =e necesitaba levantar
" un articulo en la Constitución, donde solamente se
" consignan las prescripciones fundamentales del ór-
" den y de la libertad.

" Las Provincias han tenido siempre, como cualquier
" individuo, la facultad de demandar á sus deudores y
" la han ejercitado sin dificultad. Los principios ge-
" nerales del derecho han sido suficientes para esto,
'* sin que hayan precisado una habilitación constitu-
" cional; y no pudo ser ese por tanto el alcance del ar-
" ticulo en discusión.

" Este argumento se robustece al considerar que, si
" hubiera sido la tendencia del artículo -100 habilitar
" á las Provincias para demandar á sus deudores, no
" habría reservado el conocimiento de esas causas es-
" elusivamente á la Corte Suprema. Los deudores de
" un Estado, de una Provincia, no invisten cualidades
" especiales que hagan necesaria ni sensata la creación
<: de un alto foro para sus asuntos. Ellos podían ser
" demandados ante los Juzgados de sección de su do-
" micilio sin inconveniente alguno, no comprendién-
" dose entonces la designación de la Corte como Tri-
" bunal esclusiyo." (*)

(1) Dr.Irijroyi-n. •.lustiein Nacional» par. il.— 48 -

El argumento me parece especioso, y muy fácil de-
mostrarlo.

Los principios generales del derecho eran suficientes
para dar á las Provincias, la facultad de demandar á sus
deudores.   Si. ¿Pero ante quién debía interponerse la
demanda, según esos principios generales del derecho?
El actor sigue el fuero del reo.   La Provincia deman-
dante tendría que comparecer ante los Tribunales de
la Provincia donde tuviese su residencia el demanda-
do. Para hacer, pues, una escepcion á esos principios
generales que se invoca, para sacar á los deudores del
fuero que esos principios determinan, para someterlos á
un fuero escepcional, se necesitaba una disposición es-
presa ¿En dónde había de consignarse esa disposición?
No podía ser sino en el cuerpo de la Constitución, que
es la ley destinada Á delinear las facultades y la esfera
de acción de los Poderes Nacionales.

Se necesitaba, pues, levantar con este objeto un ar-
tículo en la Constitución, y ese articulo está allí en su
lugar, por que la atribución que confiere, es una de las
que se ha creido necesario consignar entre las pres-
cripciones fundamentales del orden y de la libertad.

Esas demandas pudieron someterse á la decisión de
los Juzgados seccionales. Sí. Pero seria algo mas que
violento deducir de esa posibilidad, que la cláusula
constitucional tiene la significación que se pretende.

No es, sin embargo, sin razón que se ha establecido
para ellas la jurisdicción esclusiva de la Corte. No se
ha hecho asi por razón del demandado, sino por razón
del demandante. Se ha creido que una Provincia era
una personalidad bastante considerable en la República,
para merecer que la causa en que estuviese ella intere-
sada, fuese juzgada por un Tribunal mas altamente co-
locado que un simple Juez de Sección, y ose Tribunal
no podía encontrarse sino en la Suprema Corte de Jus-
ticia. Se ha querido dignificar, solemnizar el juicio,
por razón del demandante.

- 49 —

Asi se comprende perfectamente la designación de
la Corte como Tribunal esclusivo, sin que pueda decir-
se que no hay razones especiales que hagan necesaria
y sensata la creación de un alto foro para conocer de
esos asuntos.

XXXIII

" La enmienda XI, se agrega, de la Constitución Ame-
" ricana, no fué incluida en la Constitución Argentina.

La existencia de ella y su importancia no pudieron
" ocultarse á los hombres que compusieron el Con-
" greso Constituyente, cuya competencia no es posible
" poner en duda; y es lógico entonces deducir que, si
" no aceptaron esa enmienda en el testo de la Consti-
" tucion, tomado en su mayor parte de la Constitución
u Americana^ fué porque no la creyeron conveniente á
" los intereses de la Nación.

" La Provincia de Buenos Aires, en 4859,.... dejó
" los artículos A 00 y A Oí, sin pretender, ni remotamente,
" introducir en ellos la enmienda en cuestión.

" La Convención de Santa Fé, por su parte, dejó
u también intactos esos artículos.....

" Si la Constitución no aceptó, pues, la enmienda ;
" si la Convención de Santa Fé no la incluyó en sus
" reformas; si el Congreso legislativo ha prescindido
" de ella, al sancionar las leyes de la justicia federal;
" ¿ por qué nos empeñamos en reputarla vigente?

" Sin esa enmienda, las Provincias pueden ser de-
" mandadas.....

" Para que en Norte América no lo fuesen, se hizo
" necesaria la enmienda, y por consiguiente, si entre
" nosotros ésta no ha tenido lugar, las Provincias pue-
u den ser demandadas, como lo eran en Estados Unidos
u antes de sancionarse" (-1).

(1) Dr. Irigoyen, «Justicia Nacional» párrafo V. •

4— 50 —

Soy prolijo tal vez con demasía, haciendo estas largas
transcripciones. Pero deseo mostrar la lealtad que me
anima en el debate, presentando con las palabras mis-
mas de su autor, los argumentos que tengo necesidad
de refutar.

El que precede, tiene cierta fuerza aparente, pero
tiene también una respuesta que, creo, ha de ser satis-
factoria.

Desde luego, me parece equivocado asegurar que, en
los Estados Unidos, los Estados particulares podían ser
demandados, antes de sancionarse la enmienda.

Asi lo declaró la Corte en un caso. Pero los ante-
cedentes que ya espuse, demuestran el error de aquella
declaración. La enmienda se hizo, no para corregir el
testo constitucional, sino para esplicarlo.

Los Estados no podían ser, por consiguiente, deman-
dados, ni antes, ni después de la enmienda, si se daba
á la Constitución su verdadero sentido.

Establecida esa significación por la enmienda, los
Legisladores Argentinos no creyeron sin duda necesa-
rio encarnar esa enmienda en la Constitución Nacional,
por que pensaron con razón que la jurisprudencia, que
habia al fin prevalecido como verdadera,en los Estados
Unidos, bastaba, sin necesidad de la enmienda, para fijar
sin incertidumbre la significación de las palabras copia-
das por la Constitución Argentina, de la Constitución
del Norte.

Esta esplicacion se confirma, recordando que el Re-
dactor de la Comisión dijo categóricamente: " Solo hay
" el caso de jurisdicción sobre los Estados, cuando un
" Estado demanda á otro " (N. 8), y que en su informe
la Comisión dijo también que, en sus esludios, habia
acudido al testo de la Constitución Norte Americana,
" utilizando A la vez el caudal de las leyes suplementa-
u rias que la aclaran—una de las cuales es la enmien-
" da en cuestión—y el cuerpo de doctrina que ellas
** forman/' con el objeto de que nos pudiéramos " en-

— 51 —

" contrar con una jurisprudencia que á nadie le será
" permitido decir, yo opino así" .... y de que tupiése-
mos " á donde apelar para salir de dudas," como el Se-
ñor Sarmiento lo espresó.

XXXIV.

Se señala por los defensores de la jurisdicción, como
una grave razón en favor de su doctrina, " la situación
u que ha creado en los Estados Unidos la enmienda que
" hoy se quiere introducir en la República Argentina,»
invocando la autoridad de Story, y manifestando el
temor de que " esa situación imperfecta, irregular,
" creada por la enmienda que aquí se quiere introducir,
" se produciría entre nosotros con mas fuerza de in-
" convenientes.»

Recordando en seguida las palabras de Lincoln, se
nos pide que aprovechemos " las luces de la esperien-
" cia que se va adquiriendo," y se nos exhorta para que
" no nos empeñemos en aceptar ciegamente todas las
" prescripciones que rigen en la América del Norte.»

Conociendo y respetando el prudente consejo de
Abraham Lincoln, " es que queremos aprovechar las
" luces de la esperiencía que se va adquiriendo » y ha-
cer nuestra una doctrina, que ningún daño ha causado
en los Estados Unidos, y que ha evitado tal vez muchos
conflictos—porque nunca son tan claras esas luces, como
" cuando cuentan con la sanción del éxito.»

Las palabras de Story que se cita, no se refieren á
la facultad de juzgar á los Estados por la Corte, en de-
mandas promovidas contra ellos. Ruego á mi ilustrado
contradictor que las medite un poco, y verá como ellas
se refieren á la intervención, que juzga conveniente dar
á la Justicia ordinaria en los reclamos contra el Poder;
pero á la Justicia ordinaria dentro de la esfera de su— 52 —

misma soberanía, á la Justicia del Estado en los recla-
mos contra el Estado, á la Justicia de los Estados Unidos
en los reclamos contra el Gobierno de la Union.
. u Semejante procedimiento, dice, no está reconocido
" en ningún Estado de la Union, como materia de de-
" recho constitucional, para dar eficacia á ningún re-
" clamo ó deuda contra un Estado."

En este período, Story habla del Estado particular,
del Estado en sí mismo, y sin considerarlo en sus rela-
ciones con la Union.

Mas adelante dice: El Congreso, sin embargo, toda-
" via no ha procedido en este punto como para dar re-
" paraciones judiciales por ninguna falta de cumplimien-
u to de contratos por el Gobierno Nacional."

Y aquí es manifiesto que habla de los Estados Unidos,
colectivamente tomados, y de ios Poderes de la Union
sin relación con el Poder particular de cada Estado.

Por eso dice en seguida: " No es posible dejar de
" participar de la opinión de un comentador ilustrado,
" de que á este respecto las Constituciones, tanto de la

" Nación como délos Estados, necesitan una reforma____

" y que algo debe'proveerse para que el derecho por
" reclamaciones pecuniarias contra un Estado ó contra
" los Estados Unidos, se establezca y declare por sen-
' tencia judicial de alguna Corte."

Aqui habla copulativamente de los Estados particulares
y de los Estados Unidos: pero espresando la necesidad
de una reforma en las Constituciones, tanto de la Nación
como de los Estados, manifiesta bien claro que su idea
es que cada soberanía, la soberanía de la Nación, y la
soberanía de los Estados, establezca dentro del límite
de sus atribuciones respectivas, el sistema que reco-
mienda.

De otro modo habría mencionado únicamente la ne-
cesidad de reformar la Constitución de la Nación, por-
que esa reforma, una vez hecha con las condiciones
requeridas, bastaría para dar jurisdicción á la Corte, en

los reclamos de particulares contra la Nación y contra
los Estados.

Probablemente las palabras sentencia judicial de
alguna Corte han causado en esta vez confusión, en las
ideas siempre claras del Cólega cuya opinión impugno.
El ha visto en esa Corte, la mano del Poder Nacional
levantada sobre los Estados. Pero es evidente que la
palabra Corte está empleada como sinónimo de Tri-
bunal. Asi quedaría el Tribunal del Estado para los
negocios del Estado, el Tribunal federal par* los nego-
cios de la Union.

El sistema puede ser bueno; pero la cita de Story no
favorece la opinión que quiere apoyarse en ella.

A ese sistema pertenece el ejemplo de lo que pasa
en la Provincia de Buenos Aires, y que es, por lo tanto,
inconducente, porque, en la Provincia de Buenos Aires,
es el Tribunal de la Provincia, y no el Tribunal de la
Nación, el que conoce por apelación de los actos de la
administración de la Provincia.

XXXV

Lejos de creer que haya ceguedad en aceptar " todas
" las prescripciones que rigen en la América del Nor-
te, ** creo que es eso lo que nos conviene y lo que
debemos empeñarnos en hacer: no precisamente en los
detalles, sino en las disposiciones fundamentales que
marcan el carácter y la índole de esas instituciones,
maravillosamente calculadas para desenvolver y vigo-
rizar la personalidad humana, desenvolviendo como con-
secuencia esa fecundidad de progreso y de energía, que
presencia el mundo con asombro; que comunmente se
atribuye á una especialidad de la raza, y que me parece
mas sensato atribuir al carácter de esas mismas insti-
tuciones.— 54 -

Yo no temo que la falta de jurisdicción de la Corte
sobre los Estados, produzca entre nosotros una situa-
ción imperfecta é irregular.

Lo que temo es el espíritu de centralización, el espí-
ritu de absorción, que, bajo el pretesto de saludable
tutela, se vaya estendiendo gradualmente y acabe por
impedir todo movimiento social que no haya partido
del centro. Lo que yo temo, es " el espíritu de inva-
" sion que incita á los Poderes públicos á ejercer atri-
" buciones que no les corresponden, " y ¿ que Was-
hington, el padre de la Union, aconsejaba resistir.

Por lo mismo que la República Argentina es " un
" Estado naciente, despoblado, sin una civilización pro-

* pia desarrollada " ( I), es que solo puede regirse por
un Gobierno federal, y que debe esforzarse en hacer
suyas " las instituciones de un Pueblo, precisamente el
" mas libre de la tierra, el de mas rápida prosperidad,
u el de mas creciente población " (2); porque á esas
instituciones es á lo que debe aquel Pueblo, " su rápi-
" da prosperidad, su creciente población y su bien ase-
•' gurada libertad. »

** La República Argentina, ha dicho uno de nuestros
u mas eminentes oradores, abraza una superficie de
- terreno, equivalente á doscientas mil leguas cuadradas,

* comprendiendo en ellas esas soledades que la geo-
M grafía denomina, Patagonia, Pampa y Chaco. En ese
" océano de terreno, se hallan catorce Provincias, cuyos
" habitantes, á manera de los náufragos de Virgilio,
u rari ríanles in gurgite vasto, apenas alcanzan á com-
u poner un millón de almas. ¿Qué hombre de estado
" cree practicable ni posible entonces, el establecimiento
u de un Gobierno central y unitario, sobre tan escasí-
" simas y diseminadas poblaciones " (3).

(1) Dr. Irigoyen, Junticia Nacional par. IV.

(2) Dr. Irigoyen, Justicia Nacional par. III.

(3) Dr Gorostiaga, Sesión del l.= de Agosto de 1862, en la Cámara de Diputados.

55 —

El error de los « unitarios del 26 » no fué la imita-
ción, sino la irreflexión con que quisieron imitar lo que
se adaptaba mal á las condiciones del país: y el error
hoy « de algunos federales » no se encuentra en los
que aspiran á arraigar profundamente entre nosotros
" las instituciones del pueblo mas libre de la tierra, el
" de mas rápida prosperidad, el de mas creciente po-
" blacion, " sino en los que haciendo " una jurispru-
" dencia unitaria, aplicada á una Constitución federal, "
acabarán por ofrecernos " la chocante contradicción
" de una Nación constituida bajo el régimen federal, y
" gobernada con el régimen unitario. "

Las cuestiones de sistema no " se reducen á una
" variedad en las formas, á una cuestión de mas ó de
" menos, en los derechos de los dos Poderes, el Poder
" central y el Poder local" (i). No, por cierto. Los
sistemas tienen sus bases esenciales, de que no es posi-
ble separarse sin falsearlas. Existe " para los pueblos
" libres, un evangelio político, una moral política, prin-

" cipios fijos que tienen el carácter de dogmas......

" que no es posible alterar en su esencia ** (2).

El Poder central y el Poder local no pueden estar or-
ganizados de manera que el uno sea dependiente del
otro, en ninguno de suá actos, en ninguna de sus ma-
nifestaciones, de manera que el uno sea superior al
otro.

Esta es la doctrina de la ciencia política en abstracto,
y la doctrina contenida en las disposiciones de la ley
fundamental.

" La autoridad delegada en la Constitución por el
u Pueblo Argentino, ha sido confiada á dos gobiernos
" enteramente distintos, al Gobierno Nacional y al
" Gobierno Provincial.....

" Como el Gobierno Nacional ha sido formado para

(1) Dr. Irigoyen, Justicia Nacional par. VIII.

(2) Informe de la Comisión.— 56 —

** responder á grandes necesidades generales, y atender
" á ciertos intereses comunes, sus poderes han sido de-
" finidos y son en pequeño número. Como el Gobierno
" Provincial por el contrario, penetra en todos los de-
'* talles de la sociedad, sus poderes son 'indefinidos y
" en gran número, se estienden á todos los objetos que
" siguen el curso ordinario de los negocios y afectan la
" vida, la libertad y la prosperidad de los ciudadanos.

" Así pues, nuestra Constitución ba definido con cui-
u dado las atribuciones del Gobierno Nacional, y des-
" pues de enumerarlas y especificarlas, ha declarado
" que todos los poderes no comprendidos en la definí-
" cion, entran en las atribuciones de las Provincias.
" 'Las Provincias conservan todo el poder no delegado
*' por esta Constitución al Gobierno federal,' dice el
a artículo -104. El Gobierno de la Provincia viene á
" ser la regla, por tanto, y forma el derecho común.
u El Gobierno Nacional es la escepcion » (A).

De esta esposicion, tan clara y concisa como exacta,
se deduce que el Poder que conviene mantener amplio,
activo, vivaz, es el Poder Provincial, y que es un error,
profundo error, restringirlo ensanchando el Poder de
escepcion, el Poder Nacional.

XXXVI

Los que negamos la jurisdicción de la Corte, decimos
" que ella seria depresiva de la Sobernia Provincial,
" que es por la Constitución, y debe ser por la natura-
" leza del sistema, completa y absoluta en todo lo que
" se refiera á negocios é intereses de carácter pura-
" mente local; » que seria, por consiguiente, subver-
siva del sistema federal, y crearía para las Provincias
una intervención del Poder Nacional, inconciliable con
lo dispuesto en el artículo 6. ° de la Constitución.

(1) Dr. Gorostiaga, Sesión del 1 ° de Agosto de 1862, en la Cámara de DD.

— 57 —

A esto se nos contesta que " no hay Provincias
" absolutamente soberanas .... que nuestra organi-
" zacion política nace de la Soberanía del Pueblo Ar-
" gentino: que la personalidad ó soberanía interna de
u las Provincias, es consecuencia de la Soberanía Nacio-
" nal, que desciende á las Provincias, no de una manera
u absoluta, sino de una manera limitada, reducida á lo
" necesario para la creación de un Gobierno propio,
" de una buena administración interna" (-I) y se nos re-
cuerda todas las limitaciones impuestas al poder de las
Provincias, por el artículo 408 de la Constitución.

Se agrega que " no se concibe que la demanda de
" un ciudadano contra una Provincia comprometa la
" soberan a de esta .... porque, en esa demanda no
" es parte el Estado Soberano, sino el fisco, el tesoro,
" una persona jurídica que litiga en juicio" (2) : que la
Suprema Corte no es tampoco " un Tribunal que haya
" constituido la Prusia ó la Dinamarca, para que se le
" denomine estraño: que el nombramiento de susmiem-
" bros es obra del Presidente de la República, que las
u Provincias han elegido, y se hace con acuerdo del
" Senado en que todas ellas están representadas: que
" asi no es aventurado decir que la Corte Suprema íuó
" creada por el Pueblo de las Provincias Argentinas
" y que hasta el personal es nombrado por las Provin-
M cias, representadas para ese nombramiento por el
" Presidente de la República y por el Senado, en cuyos
" bancos tienen asiento los Representantes de ellas:
4< que todo esto constituye á la Corte en Tribunal esen-
" cialmente Nacional, esencialmente Argentino y no
" pueden dirigir á ella las Provincias, los argumentos
<: que haría la Francia, para resistir la jurisdicción de
" los Tribunales Ingleses ó Españoles» (3).

(t) Dr. Irigoyen, Justicia Nacional párrafo Vil.

(2) Dr. Irigoyen, J. N. párrafo IX.

(3) Dr. Irigoyen, i N. párrafo X.— 58 —

" Es menos exacto, se prosigue, que la jurisdicción
" atribuida á la Corte pueda ser destructora del sisten.a
" federal.... porque el poder central se forma de las
" sustracciones hechas á la soberanía local, ó. de la au-
" toridad que él se ha reservado al desprender sus
" Provincias, según sea el origen de la federación, y
" nada se opone á que las atribuciones judiciales, en
" casos marcados, residan en las Provincias ó perma-
" nezcan en la Nación: .. . que esas son concesiones
" espontáneas que no afectan la esencia, sino la forma ó
u los detalles déla federación» (-1).

Se cita en comprobación la Constitución de los Esta-
dos Unidos de Colombia, que señala "entre las atribu-
" ciones de la Suprema Corte federal, conocer de las
" controversias que se susciten sobre los contratos y
u convenios que el Gobierno de la Union celebre con
" los Estados ó con los particulares» (2).

Y en cuanto á la intervención que daria á li Corle
la jurisdicción disputada, no pudiendo negarse ta exac-
titud, se dice que " cada Estado puede constituir sus
* poderes en laforma mas conveniente á sus intereses,
" mientras no quebrante los principios de la justicia, y
" cualesquiera que sean las limitaciones que imponga
" á una rama, y la mas ó menos amplitud que de á las
" otras, esto no disminuye la suma de facultades cons-
" tituyente de la soberanía, y que en' resultado total
" reside ó se conserva en él» (3).

XXXVII.

Hay en todo esto, una confusión de ideas, que me
sorprende de parte de un hombre de inteligencia tan
clara.

(1) Dr. Irigoyen, J. N., párrafo XI.

(2) Dr. Irigoyen, J. N. párrafo VIH.
(S)   Dr. Irigoyen, i. ti. párrafo II.

— 59 -

Esa confusión solo puede esplicarse, reconociendo
que, para defender una opinión equivocada, es preciso
empezar por desconocer los principios fundamentales,

3ue forman el carácter y la índole del sistema á que la
iscusion pertenece.
Es innegable que " cada Estado puede constituir
" sus poderes en la forma que crea mas conveniente
" para sus intereses sin que esto disminuya la

" suma de facultades constituyente de su soberan a.»

Pero es igualmente innegable, que no puede aplicarse
una denominación arbitraria á la forma en que los haya
constituido, y que, si se aplica, no por eso la forma se
varia- sino que sigue siendo la que es por su propia
naturaleza.

Llámese federales á las instituciones de la Francia, y
las instituciones de la Francia seguirán siendo eminen-
temente unitarias. Llámese liberales á las instituciones
del Paraguay, y las instituciones del Paraguay seguirán
siendo eminentemente despóticas.

Acumúlese entre nosotros facultades al Poder Nacio-
nal, suprimiéndolas al poder de las Provincias, y nues-
tras instituciones se volverán unitarias, aunque las si-
gamos llamando federales.

No es el nombre lo que buscamos. Lo que buscamos
es el sistema, para conseguir sus ventajas. El nombre
sin el sistema de nada nos serviría: el nombre sin el
sistema, seria una impostura que á nadie engañaría.

Q Pueblo Argentino tiene el derecho de constituir
sus poderes bajo la forma unitaria. ¿Quién lo niega?
Pero la cuestión no es esa. No se trata del derecho, sino
de la voluntad y de la conveniencia: y el Pueblo Argen-
tino no quiere constituirlos bajo esa forma: siente que
esa forma es inconveniente para él.

La cuestión es entonces si, dejándole el nombre de
la forma á que aspira, hay en alguien derecho para
quitarle esa forma con una falsa doctrina: si bay en al-
guien derecho para quitarle el derecho; porque dere-— 60

cho del Pueblo Argentino ha sido elegir la forma fede-
ral, como pudo elegir la unitaria.

Un Estado no pierde, por la manera como organiza
sus Poderes, u la suma de facultades constituyente de
" su soberanía.» Esto es también innegable. Pero no lo
es menos que, si esos Poderes son ejercidos fuera de
su propio seno, ya no hay constitución, sino abdica-
ción de la soberanía; porque la soberanía no se con-
serva, si no se conserva la facultad de gobernarse á sí
mismo. La abdicación parcial es necesaria para consti-
tuir un Gobierno federal. La abdicación absoluta haría
de Estados federados, un solo Estado unitario. Existi-
ría entonces la soberanía de todos en rigorosa unidad.
Pero no existiría la soberanía de cada uno.

XXXVIII

M Las Provincias no son absolutamente soberanas »
¿Y yo digo acaso que lo sean? ¿Desconocemos acaso los
que negamos la jurisdiecion de la Corte, las limitacio-
nes que contiene el artículo 408 de la Constitución? De
manera alguna. Lo que decimos es " que la Soberanía
" Provincial es por la Constitución, y debe ser por la
" naturaleza del sistema, completa y absoluta en todo
" lo que se refiera á negocios é intereses de carácter
" puramente local.*

Es limitada por los objetos que comprende, y en este
sentido rao es absoluta. Pero es ilimitada dentro de
esos objetos, y en este sentido es absoluta.

" Las Provincias.....por la Constitución de la Re-

" pública, deben tener una soberanía esclusiva en sus
" territorios » (4).

" La Soberanía Provincial reside en el Estado ó Pro-

co  Dr. Velei Ssrsfleld, Sesión del 19 de Junio de 1862. en el Senado.

61 —

a vincia particular. No hay una Soberanía superior
" que pueda destruirla, ni aun modificarla » (4).

" La Constitución está basada en la independencia
"■ indestructible del Poder Provincial, y la Soberanía
" del Gobierno Nacional (2).

" Los publicistas mas notables.....han declarado

" que la autonomía de los Estados particulares era y
u debía ser, según la Constitución, inatacable, y que
" todo avance cometido contra ella era un golpe mor-
u tal al pacto de unión y á la unión misma » (3).

" Ni la Legislatura, ni el Pueblo de Provincia alguna,
" puede abdicar su Soberanía, ni renunciar á su gobier-
" no propio » (4).

Acabemos.

" Las Provincias conservan todo el poder no dele-
" gado por esta Constitución al Gobierno federal » (5).

Las Provincias tienen, pues, " una Soberanía esclusi-
« va »—" sin superior que pueda destruirla, ni aun mo~
" dificarla »—una " independencia indestructible »—
una " Soberanía que no pueden abdicar »—" un Poder
" reservado »—y por consiguiente, una Soberanía limi-
tada en sus objetos, pero completa y absoluta dentro
de los límites á que la Constitución la circunscribe.

Esa Soberanía es la que nosotros defendemos, esa
Soberanía que vemos comprometida por la interven-
ción que quiére darse á la Corte, que vemos amenazada
de una lenta y gradual absorción, por el Poder Nacio-
nal de que la Corte es una rama.

La soberanía que ejercen los Poderes Nacionales, es
también limitada en sus objetos. ¿ Se dirá que no es
absoluta por eso ? Habría tanto error en decirlo como
lo hay en decir que no es absoluta la Soberanía Provin-
cial.

(1) Dr. Velez Sarsfleld, Sesión del 1. • de Julio de 1862, en el Senado.

(2) Dr. Rawson, Sesión del 3 de Julio de 1862, en el Senado.
(31  Dr. Rawson, Sesión de 13 de Julio de 1862.

(♦) Dr. Oorostiaga, Sesión del 1.° de Agosto de 1882, en la Cámara de Diputados.

(5)  Art. 104.— 62 —

Una y otra son absolutas dentro de su esfera respec-
tiva, aunque ambas son limitadas; con la diferencia, sin
embargo, muy notable de que los poderes del Gobierno
Nacional " han sido definidos y son en pequeño núme-
" ro," mientras que los poderes de los Gobiernos Pro-
vinciales " son indefinidos y en gran número," de ma-
nera que « el Gobierno de Provincia viene á ser la re-
« gla y forma el derecho común: el Gobierno Nacional
« es la escepcion.»

El error consiste en que se confunde « la capacidad
« ilimitada, originaria y soberana,» del Pueblo, con <i la
« capacidad derivativa y subordinada» de los Gobier-
nos—la Soberanía del Pueblo Argentino con la Sobe-
ranía delegada de su Gobierno, dividí Ja y limitada en
todas sus divisiones.

XXXIX

La Corte no es un Tribunal constituido por la Prusia
6 por la Dinamarca, y es, sin embargo, para las Provin-
cias un Tribunal estraño.

La Corte es un Tribunal Argentino; pero no es
un Tribunal Cordobés ó Tucumano, Entre-riano, Porte-
ño, ó Riojano: juzgando ella de negocios internos de
una Provincia, seria la Nación, y no la Provincia mis-
ma quien juzgaría esos negocios.

El Presidente de la República es un Presidente Ar-
gentino. Si el Presidente de la República gobernase
lo que pertenece al régimen interior de las Provincias
¿ podría decirse que las Provincias conservaban su go-
bierno propio?

El Congreso es un Congreso Argentino. Si las Pro-
vincias estuviesen sometidas á la legislación esclusiva
del Congreso ¿ la forma del gobierno podría llamarse
federal ?

— 63 —

No. En todos esos casos, la soberanía interna de las
Provincias habría dejado de existir. El gobierno pro-
pio de las Provincias habría desaparecido. La auto-
nomía de las Provincias se habría suprimido. El Go-
bierno seria siempre Argentino, pero estaría consolida-
do en unidad de régimen.

Los miembros de la Corte son nombrados por el Pre-
sidente, con acuerdo del Senado : son, por consiguien-
te, la hechura indirecta de las Provincias ; y " esto cons-
" tituye á la Corte en Tribunal esencialmente Nacional,
" esencialmente Argentino. »

¿ Y hay acaso quien lo duda ? La Corte es esencial-
mente Nacional: pero no es esencialmente Provincial.
Su nombramiento se hace para que conozca de los ne-
gocios que son de su competencia: pero no se hace pa-
ra que conozca de los negocios que corresponden al
r.'gimen interno de las Provincias.

Y dado el régimen que la Constitución ha estableci-
do, es indiferente " que el poder central se forme de
'* las sustracciones hechas á la soberanía local, ó de la
" autoridad que él se ha reservado al desprender
" sus Provincias,» porque, cualquiera que sea el origen
d<> la federación, el sistema tiene sus principios fijos,
sus condiciones esenciales, de que no se pueae salir sin
al i erarlo.

Y tan esencial es al sistema que la Corte no tenga la
jurisdicción que se le quiere dar, que no se la dá ni la
misma Constitución de los E. U. de Colombia, que se ci-
ta como ejemplo,

Esa Constitución dá á la Corte, " la facultad de cono-
cer de las controversias que se susciten sobre los
" contratos y convenios que el Gobierno de la Union
" celebre con los Estados ó con los particulares : » so-
bre los contratos y convenios que el Gobierno de la
Union—nótese bien—que el Gobierno de la Union—no
H Gobierno de los Estados particulares—celebre.

Cuando el Gobierno de la Union celebra un contrato— 64

con el Gobierno de los Estados, que dá lugar á una con-
troversia judicial, se comprende perfectamente que sea
el Tribunal de la Union, quien la decida; porque enton-
ces no se trata del interés de un Estado particular, del
interés interno de un Estado, sino del interés de la
Union misma,

Cuando el Gobierno de la Union celebra contratos
con un particular, que provocan una controversia ju-
dicial, la soberanía particular de los Estados no se en-
cuentra interesada, cualquiera que sea el Poder ó el Tri-
bunal que la decida, y la soberanía colectiva de los E. L.
no se encuentra tampoco comprometida, sometiéndose
¡í la decisión de su Corte.

La independencia respectiva de los Poderes de la
Union puede resultar afectada de ese modo, dando al
Judicial la facultad de revocar actos del Ejecutivo, ó de
imponer y declarar al Ejecutivo obligaciones. Pero, al
fin, en ese juicio, es siempre la Union la que se juzga á
si misma: es siempre la Union representada por el Po-
der Judicial, la que juzga á la Union en los actos ejer-
cidos por el Poder Ejecutivo. Es la Soberanía de la
Union la que juzga á la Soberanía de la Union.

Pero, otra cosa seria, si la Soberanía colectiva juzga-
se sóbrela Soberanía particular, si la Union juzgase "á
los Estados.

Por eso, la Constitución de Colombia ha dado á la
Corte, la facultad de juzgar los pleitos entre el Gobier-
no de la Union y los particulares; y no le ba dado la fa-
cultad de juzgar los pleitos entre el Gobierno de un
Estado y los particulares.

De manera que la cita hecha por el Dr. Irigoyen, es
contraria á su doctrina, y favorable á la que, por mi
parte, sostengo.

— 65 —

XL

Cuando el Gobierno de una Provincia contrata con
un particular, procede indudablemente como persona
jurídica, y como persona jurídica asistiría al juicio, si
el juicio hubiera de tener lugar.

Pero este argumento, á que parece darse mucha im-
portancia, no la tiene.

Esa persona jurídica es también soberana. Su cali-
dad de soberana no nace de la naturaleza del acto que
ejecuta, sino de su propia naturaleza. Dictando una
ley, haciéndola ejecutar, pronunciando una sentencia, ó
celebrando un contrato, la Provincia es en sí misma, y
el Poder que la representa es por delegación, soberana,
en cuanto concierne á su régimen interno. Su sobera-
nía nace de que, en todo lo que concierne á su régimen
interno, la Provincia no tiene superior: de que ella se
legisla, se administra y se juzga á sí misma: y de cual-
quier naturaleza que sea el acto ejecutado, lo ejecuta en
su capacidad de soberana.

La Nación ¿ no es también una persona jurídica ? ¿Y
por eso deja de ser soberana ? ¿ Su soberanía no re-
sultaría modificada ó disminuida, si un Poder eslraño á
ella la pudiera juzgar sin su consentimiento ?

La observación, pues, de la personalidad jurídica, es
una observación efímera.

Y no se diga que la condición del consentimiento,
que salva la soberanía, está llenada, por que las Pro-
vincias han consentido en la creación de la Suprema
Corte. Han consentido; pero han consentido, para que
la Corte juzgue lo que, por el carácter de las institu-
ciones, debía someterse á su juicio; no para que las
juzgue á ellas en los negocios de su régimen interno.

Para eso no han consentido. Las Provincias conser-
van todo el poder no delegado. Si la Corte pudiera

5— 66 —

juzgar de todos los actos de los Gobiernos Provinciales,
que dieran lugar á una demanda, si pudieran revocar-
los ¿cuál seria el poder real que no resultaría delegado?

Todos los actos de los Poderes Provinciales pueden
ser materia de una demanda. Un contrato de arren-
damiento, ó de venta, la construcción de un puente, la
apertura de un camino, la reparación de un edificio,
todo puede ser materia de un pleito.

La Corte vendría á ser, por consiguiente, la que go-
bernase, en último resorte, á las Provincias, porque se-
ria la que juzgase, en último resorte, de todos los actos
Provinciales. ¿Seria esto Gobierno federal? La inter-
vención constante de la Corte en los negocios internos
de las Provincias—¿ seria compatible con el gobierno
propio, con la autonomía, con la independencia local
de las Provincias?

Además de no serlo, esa intervención seria funesta
para el progreso, porque estaría á cada instante conte-
niendo, hasta que se decidiesen los pleitos, la acción de
los Poderes Provinciales, y estorbando con frecuencia
la ejecución de obras de un interés inmediato, urgente
y general.

XLI.

Al impugnar la jurisdicción de la Corte, los que la
negamos en nombre de la Constitución y de la verdad
del sistema, hemos señalado, como uno de sus inconve-
nientes, la dificultad que habría para ejecutar, en mu-
chos casos, la sentencia en que la Corte condenase á
una Provincia.

" La Corte, se nos contesta, puede reclamar á este

" efecto el concurso del Gobierno Nacional..... la

" Corte es sostenida por el brazo del Poder Ejecu-
" tivo » (>!).

(1) Dr. Irigoyen, Justicia Nacional, par. III.

— 67

" Los Gobiernos de Provincia, se agrega, no se mos-
u trarán rebeldes á los deberes que les impone la Cons-
" titucion que juraron: la sensatez y el patriotismo
" harán que las resoluciones dictadas por el Tribunal
" Supremo de la Nación, dentro de la órbita que le tra-
" zó la voluntad del Pueblo, sean en la República Ar-
" gentina, escoltadas por el respeto y la obediencia de
" los ciudadanos y de los Gobiernos.

" Las dificultades de ejecución, que son un argu-
" mentó liviano, no se conciben, sino mediando espí-
" ritu de rebelión.

" Si la Provincia carece materialmente de recursos
" para cumplir la sentencia, habrá llegado el momento
* de ocurrir al Gobierno Nacional, en solicitud de un
" subsidio, que le seria acordado en conformidad con
" el artículo 67 de la Constitución Nacional, y sin difi-
" cuitad, puesto que era demandado para llenar un alto
" compromiso, impuesto en nombre de la ley de la
" Nación.

" La resistencia infundada..... no es lícito espe-

a rarla.....Pero, si contra todas las esperanzas se le-
vantase..... ¿qué se hará?..... salvaremos con

" firmeza la Constitución y mantendremos en alto la
" ley » (4).

La respuesta es clara. Voy á empeñarme en hacer
que la replica lo sea.

XLII.

Si se reconoce que tanto puede confiarse en la '* sen-
" satez y patriotismo de los Gobiernos de Provincia,
" que no se mostrarán rebeldes, y dejarán que las re-
" soluciones dictadas por el Tribunal Supremo de la *
" Nación, sean escoltadas por el respeto y la obedien-
" cia »—¿ por qué se desconfia tanto al mismo tiempo,

(0 Dr. Irigoyen, Justicia Nacional, pir. XII.— 68 —

de esos mismos Gobiernos ? ¿ por qué se teme que
estén siempre dispuestos á cometer iniquidades ? ¿ por
qué se supone que la justicia y el derecho nada valen
para ellos ?

Me parece que tanta confianza y tanta desconfianza
implican contradicción. Si son capaces de " sensatez y
patriotismo,» no pupden ser incapaces de justicia y de
respeto por el derecho.   A no ser que se piense—lo

aue no me atrevo ni i sospechar siquiera de mi ilustra*
o contradictor—que " la sensatez y. el patriotismo »
consisten en una ciega sumisión á todo lo que proceda
de los Poderes Nacionales, aunque esos poderes se dejen
alguna vez arrebatar por " el espíritu de invasión que
" incita á los Poderes públicos á ejercer atribuciones
" que no les corresponden,» por ese espíritu á que
Washington, el padre de la Union, aconsejaba resistir.

Si tanto se confia en la " sensatez y patriotismo » de
los Gobiernos de Provincia, me parece que no son ilu-
siones las que nos llevan á decir que " esos Gobiernos
" tienen sus responsabilidades, tienen la opinión que
" los vigila y los contiene: que son ejercidos por hom-
" bres que no han podido llegar hasta esa altura, sino
" por la manifestación de cualidades que los hagan dig-
" nos, por la honorabilidad de su vida, por la estension
" de sus luces, ó la importancia de sus servicios.»

Quiero, sin embargo, suponer " que no todos reúnan
" esas recomendaciones: que no todos sean represen-
" taciones vivas de la moral, de la ilustración y del pa-
a triotismo,» v pienso todavía que es mejor no tener
sobre ellos levantada la mano de los - Poderes Naciona-
les.

*' Dejemos, he dicho ya, perdóneseme que lo repita—
" dejemos álos hombres y á los pueblos la libertad y la
" responsabilidad de su propio destino. Hagámosles
" comprender que el bien y el mal ha de salir para
" ellos de su propio seno, ha de ser su propia obra.»

Así es como se desenvuelve el carácter, la virilidad y

— 69 —

la energía de los hombres y de los pueblos. El pupilage
los comprime, los enerva y los degrada, acostumbrán-
dolos á no hacer nada por sí mismos, y á esperarlo todo
de lo alto.

Así, dejándolos que cuiden de su propia suerte, es
como educarán su espíritu los pueblos, como formarán
sus costumbres, y como tendrán al fin buenos gobier-
nos, que sean " representaciones vivas de la moral, de
':Ia ilustración y del patriotismo.»

Habría debilidad imperdonable en sacrificar esas
ventajas permanentes del futuro, por el temor de los
peligros ó de los inconvenientes de un dia. La vida
republicana es la vida de lucha ; y solo pueden aspirar
ala victoria, los hombres y los Pueblos que saben luchar
con fé.

" La libertad es el pan que ganan los Pueblos con el
" sudor de su frente; » (i) pero es también " la riqueza
" y la gloria de los Pueblos.» (2) Dejemos á los Pue-
blos que ganen su riqueza, y que merezcan su gloria.

XLIII.

•

Temo que se me replique que yo incurro en contra-
dicción también, si creyendo que los Gobiernos de
Provincia están ejercidos por hombres honorables,
temo, no obstante, que se nieguen á cumplir las obli-
gaciones impuestas por una sentencia de la Corte, y
quiero anticiparme á esa observación, si se me hace.

La resistencia que preveo, es perfectamente compa-
tible con la mayor honorabilidad de las personas, con
el mayor respeto á la justicia, con la mas firme adhesión
á las instituciones; no escluye " la sensatez y el patrio-

(I)  Lammenais, parole." d" un crovanl, XXXVIII.
.2) Id.XXXlX.— 70 —

tismo; » y puede no ser sino " la resistencia al espíritu
" de invasión que incita á los Poderes públicos á ejercer
" atribuciones que no les corresponden.»

Esa resistencia no basta para constituirlos sediciosos
y rebeldes.

" Son reos de rebelión los que se alzan públicamente
" y en abierta hostilidad contra el Gobierno Nacional,
" para cualquiera de los objetos siguientes—

" A. ° Para destruir la Constitución jurada por la
" Nación y cambiar la forma de Gobierno—

"2.° Para deponer al Presidente déla Nación,
" despojándolo de su autoridad constitucional, ó para
" arrancarle alguna medida ó concesión, ó para impe-
" dir la trasmisión de la misma autoridad en los tér-
" minos y formas establecidas en la misma Constitu-
" cion —

" • Para impedir las elecciones de Diputados y
" Senadores Nacionales, ó para estorbar las reuniones
" legítimas del Congreso —

m 4_ o Para disolver el Congreso ó impedir las de-
" liberaciones y funciones de los Poderes Colegislado-
u res, ó arrancarles alguna resolución violando el re-
" cinto de sus sesiones.» (-1)

" Hay sedición, cuando una Provincia se alza en armas
** contra cualquiera otra, por cualquier causa ó motivo,
" y-la invade sin espresa autorización del Gobierno
" Nacional, ó cuando permite que bandas armadas sal-
" gan de su territorio para invadir al de otra Provincia,
" con el objeto de hacer prevalecer los partidos en que
" se hubieren afiliado.» (2)

" Son además reos de sedición los  que se alzan pú-
u blicamente—

" 4. ° Para impedir la promulgación ó la ejecución
" de las leyes del Congreso, ó la libre celebración de las

(!)   Articulo 14 de la ley de 14 de Setiembre do I8&¡.
(7)  Articulo 19, le; citada.

— 71 —

" elecciones populares, para los nombramientos nacio-
" nales en los comicios, ó juntas electorales que tengan
" lugar en alguna localidad -

u 2. <=> Para impedir á cualquier Autoridad Nacional el
u libre ejercicio de sus funciones, y la ejecución y cum-
" plimiento de las providencias administrativas ó judi-
" cíales en alguna Provincia.» (A)

La simple resistencia pasiva, inerte, la simple inac-
ción, no bastaría, pues, para convertir en rebeldes ó se-
diciosos á los Gobiernos de Provincia.

Y en muchos casos, los Gobiernos de Provincia pue-
den resistir pasivamente, dentro del limite de sus atri-
buciones legitimas.

Los Ejecutivos Provinciales no pueden hacer gastos
para que no hayan sido autorizados por las Lejislaturas
respectivas.

La Corte no podría compelerlos á la violación de esa
regla, que está en la esencia del sistema político del
país, á mas de estar escrita en todas las Constituciones
de Provincia.

Condenada una Provincia á verificar un pago, el Eje-
cutivo no lo podría hacer sin autorización legislativa; y
la Corte que, como los otros Poderes de la Nación, no
puede imponer reglas á las Legislaturas de Provincia,
independientes en su acción, no podría arranearle la
autorización que es para el Ejecutivo, indispensable.

Y muchos ejemplos podrían, como este, proponerse.
¿ Qué es lo que puede hacerse en esos casos ?

" Salvaremos con firmeza la Constitución, se nos res-
" ponde, y mantendremos en alto la ley » En hora-
buena. Pero ¿ qué medios ha de emplearse para eso ?
" La Corte, se contesta, puede reclamar á este efecto

" el concurso del Gobierno Nacional.....la Corte es

" sostenida por el brazo del Poder Ejecutivo »

Perfectamente.   Tras de la intervención judicial, la

(1)  Articulo 20, ley citada.— 72 —

intervención armada. Tras de la advertencia, el palo.
Irá un cuerpo de ejército á imponer con su presencia
y con sus armas, la ejecución de la sentencia.

Dudo mucho que entonces estuviera la opinión, del
lado de la Corte y del Ejecutivo Nacional. Dudo mucho
que los grandes intereses comprometidos por el apara-
to y el empleo de la fuerza, no minasen el prestijio del
Poder. Dudo mucho que ese aparato no exasperase las
resistencias, que de inertes pasasen á ser activas.

La guerra civil podría ser, pues, la consecuencia de
la facultad con que se pretende que la Corte está inves-
tida. ¿ Y puede, con presencia de ese resultado posible,
sostenerse que aquella facultad es conciliable con dos
de los grandes objetos que la Constitución se propone,
según lo espresa en su preámbulo " constituir la Union
" Nacional y consolidar la paz interior ? »

Por eso es que los Norte Americanos, de cuyo ejem-
plo no debemos separarnos, han evitado con empeño
colocar al frente de la Justicia Nacional, esas grandes
personalidades que se denomina Estados, difíciles de
compeler.

Quiero, sin embargo, suponer, y lo supongo con fir-
me esperanza de que asi sucederá, que « la sensatez y
el patriotismo » de los Gobiernos de Provincia evite
llegar hasta ese estremo; que su resistencia siga siendo
pasiva; que no salgan de la inacción; y vuelvo á pregun-
tar ¿ que es lo que puede hacerse para dar ejecución á
la sentencia ?

¿ Se depondrá á las personas que desempeñan el Go-
bierno en las Provincias, para reemplazarlas por perso-
nas que consientan en la ejecución ? Tal solución seria
difícil de esplicar, armonizándola con el artículo 6. 3
de la Constitución. La fuerza Nacional, " el brazo del
" Ejecutivo Nacional, » deponiendo autoridades provin-
ciales ! Me parece que esto vale la pena de que se me-
dite un poco.

¿Se vá á hacer á los  Gobiernos Provinciales un

— 7S —

juicio de responsabilidad ? La facultad de juzgar á los
Gobiernos de Provincia, fué espresamente suprimida en
las reformas de la Constitución. ¿ Reos de qué de-
lito se les iría á juzgar, por otra parte, puesto que la
resistencia pasiva no bastaría para constituirlos sedicio-
sos y rebeldes ?

XL.IV

u Habrá llegado, se dice para entonces, el momento
4i de ocurrir al Gobierno Nacional, en solicitud de un
" subsidio, que seria acordado en conformidad con el
• artículo 67 de la Constitución Nacional, y sin dificultad,

puesto que era demandado para llenar un alto com-
M promiso, impuesto en noml>re de la ley de la Nación.*

Un subsidio es la cadena de oro que sirve para ligar
á las Provincias, y es, por lo tanto , en mi concepto, un
deplorable arbitrio casi siempre, porque tiende á so-
meter con los vínculos de la gratitud la independencia
interior de las Provincias.

Pero el subsidio, en ese caso, no seria acordado en
conformidad con el artículo 67 de la Constitución, sino
contra lo dispuesto en ese artículo, según el cual, pue-
de el Congreso " acordar subsidios del tesoro nacional
" á las Provincias cuyas rentas no alcanzaren, según sus
" presupuestos, á cubrir sus gastos ordinarios, (i) »

Y como una condenación judicial no sería un gasto
ordinario, sino esencialmente estraordinario, el subsi-
dio no quedaría, en ese caso, comprendido en los tér-
minos de la facultad constitucional.

¿Cual seria, por otra parte, el resultado de acordar-
lo? El subsidio seria pagado por el tesoro nacional. El
tesoro nacional se forma de la contribución que pagan

(0 Inciso 8. •- 74 —

todos los habitantes de la República. De manera que,
en último resultado, todos los habitantes de la Repúbli-
ca vendrían á pagar la condenación decretada contra una
de las Provincias. La Provincia seria norainalmento
condenada; pero la condenada en realidad seria la Nación.

¿ Habría en esto justicia ? ¿ Habría posibilidad do
que el tesoro nacional se hallase en situación de sopor-
lar las repetidas condenaciones que pudiera hacerse A
las Provincias ?

Véase, pues, como el arbitrio que se propone está
fuera de los términos de la Constitución : como es ina-
ceptable : como, bajo la invocación augusta de la justi-
cia, se nos quiere llevar á la mas completa injusticia,
y hasta á lo que es imposible.

XLV

" Los mismos opositores, se nos arguye, reconocen
" la competencia, cuando la cuestión es entre dos Pro-
" vincias.....

" Sostienen que el articulo constitucional se refiero
" al caso en que la Provincia es demandante, y lo acep-
" tan en este sentido. Pero, en tal caso, si se deduce
u reconvención ó contrademanda, la Corte Suprema
" conocerá de ésta.....

" La jurisdicción de la Corte sobre las Provincias se
" reconoce en los casos que emanan de los tratados,
" porque, siendo estos pactos internacionales, sus efec-
" tos no pueden ser regidos por leyes locales, ni juz-
" gados por Tribunales provinciales.

" Acéptanla cuando se trata de negocios que afectan
" á los Agentes diplomáticos.....

" Este reconocimiento demuestra que en la citación
" de una Provincia á la Corte, no hay agravio ni su-

- - 75 —

" presión de soberanía, ni destrucción del sistema en

••' que descansa la organización de la República......

" Pero la jurisdicción que se acepta y aplaude en los
" casos espresados, se combate y condena, cuando se
" interponen los derechos de un ciudadano Argentino,
" en quien se han violado las leyes tutelares de la liber-
" tad individual ó de la propiedad. Estos intereses se
" reputan mas livianos, menos dignos de consideración,
" y esta es una flagrante contradicción, (i) »

XLVI

Yo no sé si, entre los opositores á la jurisdicción de
la Corte, hay alguno que « acepte y aplauda » esos ca-
sos jurisdiccionales.

En cuanto á mi, yo repito las palabras del Redactor
de la Comisión, en la Convención de Rueños Aires. " So-
11 lo hay el caso de jurisdicción sobre los Estados,
" cuando un Estado demanda á otro " (2) : creo de
verdad innegable las palabras de Hamilton, " está en la
" naturaleza de la soberanía, que no pueda ser compul-
" sada á un juicio, por un individuo ó individuos, sin
" su consentimiento: " creo que es una banalidad la
alegación de la supuesta monstruosidad de que un Go-
bierno sea " Juez y parte " en un negocio: y que en
todo caso, esa es una consecuencia inevitable de toda
organización, cualquiera que ella sea, de las sociedades
humanas.

XLVII

Cuando una Provincia demanda á otra, la jurisdicción
de la Corte es necesaria, porque, siendo ambas sobe-

(1) Dr. Irigoyen, • Justicia Nacional ■ párrafo 31.

(3) N.o 8.0.ranas, no tendrían, para decidir sus contiendas, otro
medio que la guerra ; y la guerra entre dos Provincias
es la guerra civil en la Nación, que la Nación puede y
debe evitar, por la solidaridad que existe entre sus
miembros, y por las garantías de seguridad y de paz
qué les ofrece.

En la cuestión que entre dos Provincias se suscita,
no se trata, ademas, del régimen interno de ninguna de
ollas: se trata de las relaciones interproyinciales: se
trata de intereses que no son de la administración in-
terior de la Provincia, sino intereses que se ligan á
la vida comunicativa y simpática de dos miembros de
la Nación, solidarios en la personalidad nacional, pero
distintos en su personalidad esclusiva, en su capacidad
individual. Se trata, por consiguiente, de intereses que
afectan de una manera directa, la consistencia de la
Union, el mantenimiento de la paz interior, y que son
asi intereses nacionales.

Muy natural es entonces que sea la Nación quien la
juzgue por uno de sus Poderes, porque es la Nación
quien tiene únicamente la facultad de juzgar los nego-
cios de carácter nacional.

La soberanía de las Provincias contendentes, no
resulta afectada, porque esa soberanía absoluta en lo
que concierne al régimen interno, es limitada en
todo lo que concierne al régimen y al interés general
de la Nación. Y no perteneciendo la cuestión al régimen
interno de ninguna de las Provincias, sino á su régi-
men trascendental de relación con las otras, no está
ella comprendida en la soberanía reservada, sino en la
soberania delegada. De manera que la decisión, que
entra en la soberanía delegada, deja intacta la sobera-
nía reservada.

77 -

XLVIII

Cuando una Provincia es demandante,  ella se coloca

{>or un acto de su propia voluntad, en todas las re-
aciones de derecho que una demanda establece entre
la persona demandante y la persona demandada. Acepta
el juicio con todas sus eventualidades, con todas sus
consecuencias. Y una de las eventualidades de un jui-
cio, según los principios generales de derecho, es la
facultad del demandado para reconvenir al demandan-
te, y el compromiso virtualmente aceptado por este, de
someterse, en la reconvención, á la jurisdicción del
Tribunal que debe conocer de la demanda, aun cuando
ese Tribunal no fuera competente, si la causa de la re-
convención se dedujera como demanda separada.

Así se verifica que la Provincia soberana no es juzga-
da sino por su consentimiento, y que la jurisdicción de la
Corte no es, en ese caso, depresiva de la soberanía,
porque no es una jurisdicción ejercida i& jure propio,
sino una jurisdicción consentida, una jurisdicción volun'
taria.

XLIX

No existiendo relaciones entre las Provincias y los
Agentes diplomáticos, niego ese caso de jurisdicción, no
solo como constitucional, sino como posible. Y niego
la jurisdicción también, ejercida directamente sobre los
Poderes de Provincia, en los casos que emanan de los
tratados.

Esos casos son idénticos á los casos  regidos por las
leyes nacionales.

Esos casos no pueden venir directamente, por razón78 —

de su naturaleza, á la decisión de la Corte. No pueden
venir sino por apelación de los Juzgados de sección, á
quienes corresponde su conocimiento, según el párrafo
i. ° Articulo 2. ° de la ley de i4 de Setiembre de 4863,
ó por apelación délos Tribunales Superiores de Provincia,
según el articulo \A de la citada ley:y no pueden venir
tampoco por razón de la persona, porque una Provin-
cia no puede ser demandada.

En los casos que emanen de los tratados, se procedería
respeclo de las Provincias, como en los casos regidos
por la Cnnstifucion y por Jas leyes nacionales.

u La Constitución reconoce á los Estados el poder
tl de hacer leyes. Estas leyes pueden violar los derechos
" de la Union. La soberanía de ésta se encuentra en-
" tonces, necesariamente, en lucha con la soberanía del
u Estado que ha dictado la ley ....

" La Union habria podido citar al Estado ante el
" Tribunal federal, que habria declarado la nulidad de
la ley ; esto habria sido seguir la marcha natural de
" las ideas. Pero, de este modo, la justicia federal se
" habria encontrado directamente en presencia de un
" Estado; lo que se quería, en tanto como fuera posi-
" ble, evitar.

" Los Americanos han pensado que era casi imposible
** que una ley nueva no hiriese, en su ejecución, algún
•• interés particular. *

" Sobre ese interés han contado los autores de la
4t Constitución federal, para atacar la medida legislativa
" agraviante de la Union. Y es á él al que ofrecen
" apoyo.

" Un Estado vende sus tierras á una compañía: un
" año después, una ley nueva dispone en otra forma
" de las mismas tierras, y viola asi la parte de la Cons-
" titucion que prohibe alterar los derechos adquiridos
" por un contrato. Cuando el que ha comprado en
u virtud de la nueva ley, se presenta á tomar posesión,
M el poseedor que deriva sus derechos de la antigua, lo

— 79

" provoca ante los Tribunales de la Union, y hace de-
" clarar nulo su título. De este modo, en realidad, la *
" justicia federal se encuentra frente á la soberanía del
" Estado ; pero no la ataca sino indirectamente y en
" una aplicación de detalles. Hiere la ley en sus con-
" secuencias, no en su principio; no la destruye, la
" enerva (-1).»

Asi se procedería también en los casos que emanen
de los tratados; sin demandar á las Provincias; espe-
rando á que un interés particular se encuentre al fren-
te de otro interés particular, y el conflicto de esos dos
intereses encontrados vaya á buscar su solución en el
recinto de los Tribunales, llevado por un individuo con-
tra otro individuo, jamás por un individuo contra una
Provincia.

" Considerando, ha dicho la Corte Suprema de Jus-
" ticia, entre nosotros, que, habiéndose reservado las
" Provincias por el artículo 405 de la Constitución, el
" derecho de darse instituciones propias para su régi-
u men interior, es con arreglo á ellas, y por las auto-
" ridades que establezcan al efecto, que deben juzgarse
" y castigarse sus magistrados por los abusos de auto-
" ridad ó delitos que cometan, perjudicando á indivi-
u dúos ó intereses locales solamente; porque de lo con-
" trario los Tribunales Nacionales intervendrían en
u el Gobierno interior de las Provincias, y sus Ma-

gistrados no serian los agentes de un Poder inde-
" pendiente y soberano.

" Considerando que la jurisdicción de los Tribunales
" Nacionales es, por su naturaleza, restrictiva.....

" Considerando que los principios espuestos no im-
" portan reconocer que la Justicia Nacional sea impo-
" tente en algún caso, para proteger los derechos ga-
" rantidos por la Constitución; pues si las autoridades
" provinciales que los violan, no pueden ser deman-
" dadas ante los Tribunales de la Nación, pueden ser-

ftn  Tocqievill*. Democratie eo Amér¡q«e.— 80 —

" lo sus agentes ó los ejecutores de los mandatos
" inconstitucionales, y por este medio obtener los
<4 agraviados la conveniente protección y las repara-
" dones que les sean debidas.....(^)-*

Esta es la forma en que se debería proceder para
que pudieran " obtener los agraviados la conveniente
" protección y las reparaciones que les sean debidas:"—
por demanda interpuesta contra el agente ó ejecutor
de una órden infractoria de la Constitución, de un tra-
tado, ó de una ley nacional—no por demanda inter-
puesta contra una Provincia, en su personalidad políti-
ca, en su capacidad independiente y soberana, ni contra
sus gobiernos, representantes directos de esa persona-
lidad, de esa soberanía independiente; porque " es uno
" de los atributos de la Soberanía, reconocido univer-
" salmente, que el que la inviste, no puede ser arras-
" trado ante los Tribunales de otro fuero, sin su espre-
" so consentimiento, por particulares, á responder de
" sus actos, y ser apremiado al cumplimiento de las
" obligaciones que de ellos puedan resultarle, cuyo
" cumplimiento está sujeto á reglas especiales, y tiene
" por garantía su buena fé » (2).

Para dar consistencia á " los rasgos generosos qu«
" consignó el Pueblo Argentino en su carta fundamen-
" tal de -1833 », para que esos rasgos no estén sugetos
" á los movimientos caprichosos de las Asambleas Pro-
" vinciales, en cuyo seno entran muchas veces como
** elementos primordiales, las pasiones políticas y las
" turbulencias de los partidos,» (3) no es necesario que
esté la Corte investida con la facultad de juzgar á las
Provincias en su capacidad soberana, ni de juzgar á las
autoridades que representan esa soberanía. La Corte
misma es quien lo ha dicho en la resolución que antes
cite.

(O  Fallo de 30 de Hayo de 1864, Causa XXVIII. m
,.')  Fallo de la Suprema Corle, de 26 de Setiembre de 1861, Causa XLVI.
. ■>  Dr. IrigoyeD, Justicia Nacional, par. XIII.

— 81 -

L

El interés de la justicia, la seguridad del derecho, la
protección de las garantías, hacen indispensable la ju-
risdicción pretendida. Ese es el gran resumen de todos
los razonamientos que hacen los sostenedores, refor-
zándolo con descripciones del estado moral y político
de la República Argentina, que muestran mas descon-
suelo que fé en sus autores.

Podría creer con razón, que he dicho ya lo bastante
para demostrar la inexactitud de esa síntesis. Voy á
agregar algo mas, sin embargo. No temo hacer dema-
siado largo este escrito. Cuando una cuestión de tanta
magnitud provoca el juicio de la opinión, es convenien-
te, es necesario, que todo se diga en ella, para que el
juicio de la opinión pueda quedar deGnitivamente fijado.

La misma Constitución manifiesta de una manera
espresiva, que la justicia, el derecho, las garantías, no
necesitan vivir bajo la protección de la Corte, para vi-
vir aseguradas contra los Gobiernos Provinciales.

Si tanto hubiera que temer de ellos, lo natural, lo
lógico, lo racional, habría sido someter á la jurisdicción
de la Corte las causas entre una Provincia y sus pro-
pios vecinos; con tanta mas razón, cuanto que los veci-
nos de una Provincia son los que están en mas inme-
diato contacto con sus autoridades, y los que están,
por consiguiente, mas espuestos á sufrir sus arbitra-
riedades y violencias.

La omisión de esas causas, que eran las que debían
haber llamado mas la atención, prueba que la Constitu-
ción no ha creído que fuese necesario garantir á los
particulares contra los exesos de los Poderes de Pro-
viucia, por la tutela de los Poderes de la Nación.

El estado moral y político de la República Argentina

6no es un estado de perfecta beatitud. Estoy muy lejos
de creer que nada haya que desear á ese respecto. Pero
pienso que el medio de dominar el mal, no es rendirse
al desaliento, sino emprender la lucha con vigor y con
fé: no es restringir con una jurisprudencia equivoca-
da el efecto saludable de las instituciones, sino pene-
trarse bien de su espíritu y dejar, como ellas lo requie-
ren, la libertad en todas partes, en el hombre, en el
Municipio, en la Provincia. Esa es la condición del
progreso, y el medio de asegurarlo, porque es el medio
de hacer que penetre en todas partes el sentimiento del
derecho, la conciencia de la personalidad humana y la
eficacia del régimen federal.

No sirven, no, á la causa del progreso, por mas san-
ta que sea la intención que tengan, no sirven al imperio
de la Constitución, ni al desarrollo moral y político del
pais, los que, aceptando como verdad abstracta la forma
de gobierno que se ha dado, retroceden, amedrentados
por la dificultad de una obra que comienza, ante efíme-
ros inconvenientes de un dia. No la sirven los que,
haciendo " una jurisprudencia unitaria aplicada á una
" Constitución federal/' acabarán por darnos " la cho-
'*' cante contradicción de una Nación constituida bajo el
u régimen federal, y gobernada con el régimen uni-
U tario.» No la sirven los federales que tienen miedo
del sistema.

LI

Los principios, derechos y garantías, enumeradas en
la primera parte de la Constitución, son restricciones
impuestas á todos los Poderes, Nacionales y Provinciales;
y están al mismo tiempo encomendadas á la custodia de
los propios Poderes que limitan, á cada uno dentro de
la esfera de su acción, y bajo la responsabilidad para ante
el Pueblo de que emana su nombramiento, y para ante

— 83 —

las autoridades homogéneas que le sirven de contrapeso.
Los Poderes Nacionales responden de esos principios,
derechos y garantías, para ante el Pueblo de la Repú-
blica toda ; y esa responsabilidad se hace efectiva por
los medios y en la forma que establece la Constitución
Nacional. Los Poderes Provinciales responden para
ante el Pueblo de sus Provincias résped ivas; y la res-
ponsabilidad se hace efectiva por los medios y en la
forma que establezca la Constitución de cada una de las
Provincias. Porque, si esos principios, derechos y
garantías, son ley suprema de la Nación en el órden
nacional, son á su vez ley suprema de las Provincias en
el órden provincial, y forman parte de su Constitución
interna (i).

Si esos principios, derechos y garantías estuviesen
colocados bajo la protección escluaiva de los Poderes
Nacionales, los Poderes de Provincia no tendrían razón
de subsistir, y el título 2. ° de la sección 5. * estaría
completamente de mas; porque no hay acto alguno en
el movimiento de la vida, que no se relacione con algu-
no de esos principios, derechos y garantías; de manera
que no habría acto alguno en el movimiento de la vida,
que no cayese bajo la jurisdicción de los Poderes de la
Nación, quedando los Poderes de Provincia condenados
á bacer su rotación en el vacio.

Mientras tanto, el Poder de las Provincias es el poder
general, y el Poder Nacional es el poder de escepcion.
El Poder Nacional solo tiene las facultades que le han si-
do delegadas; y el Poder de las Provincias tiene como fa-
cultades esclusivas, todas las que no han sido delegadas
al Gobierno federal, y puede usar como de facultades
concurrentes, de las mismas que han sido objeto de la
delegación, siempre que—4.° su uso oo este espresa-
mente prohibido á las Provincias—2. °, que no esté
espresamente declarada esclusiva del Gobierno federal

(» Articulo 5.° Constitución .Nación»!.—5. ° que el ejercicio de la facultad federal no sea de
hecho, incompatible con el uso de la misma facultad
por los Gobiernos de Provincia.

¿ Para qué tanto poder, si los Gobiernos de Provincia
hubieran de ser puramente de aparato, porque todo
cayese bajo la jurisdicción de los Poderes Nacionales,
como caería, si fuesen ellos los protectores esclusívos
de los principios, derechos y garantías ?

Pero, no: todo ese poder es necesario, porque los
Gobiernos de Provincia son Gobiernos efectivos, y en
sus territorios, son Gobiernos mas amplios que el Go-
bierno Nacional.   Todo ese poder es necesario, porque
la Constitución ha colocado los principios, derechos y
garantías que enumera, bajo la protección de los Pode-
res que ella ha creado, y los Poderes de Provincia son
creados por ella, lo mismo que los Poderes Nacionales.
Unos y otros nacen de la Constitución; unos y otros son
esenciales: y el único objeto con que las Constituciones
erigen Poderes, invistiéndolos de facultades, es el de
que sean los guardianes de los derechos que garanten.
El principio de autoridad es meramente auxiliar. El
único principio fundamental para las sociedades, es el
principio de libertad.   La autoridad no se concibe exis-
tiendo por sí y para sí: no se concibe sino para garan-
tir la libertad, que es el derecho—es decir—no se con-
cibe sino como agente de la sociedad, cuya base es el
derecho.

LII

La facultad de juzgar á las Provincias en demandas
promo\id«s por individuos particulares, innecesaria pa-
ra afianzar la justicia, proveer á la defensa común,
promover el bienestar general y asegurar los bene-
ficios de la libertad, es peligrosa para el objeto de
constituir la Union Nacional y consolidar la paz interior,

- 85 —

v por tanto, incompatible con los propósitos generales
que la Constitución enuncia en su preámbulo. Revis-
tiendo ese carácter, no puede suponerse deferida á la
Suprema Corte, sin suponer que existe manifnsta con-
tradicción entre los fines á que la Constitución aspira, y
los medios empleados para conseguir esos fines.

Si las Provincias conservan todo el poder que no ha
sido delegado por la Constitución al Gobierno federal,(i)
es claro.que su soberanía individual es el principio do-
minante de nuestro derecho constitucional, y que esa
soberanía solo puede considerarse limitada, cuando
exista una disposición inequívoca en la Constitución
que la limite. Los atributos de esa soberan a son la
regla general: las facultades del Gobierno federal son la
escepcion.

Y como la escepcion no comprende sino los casos y
las cosas clara y espresamente escep'uadas, toda duda
respecto de atribuciones se debe resolver en favor de
la soberanía provincial y en contra de las atribuciones
del gobierno general.

Bastaria, por consiguiente, la duda, bastaría la ambi-
güedad de la frase constitucional, para que debiera ne-
garse ála Suprema Corte la facultad de que se pretende
investida, aunque no existieran todos los antecedentes
y las poderosas razones indicadas, para demostrar que
el espíritu de la Constitución es repulsivo de esa facul-
tad, inconsistente eon la naturaleza del sistema, innece-
saria, peligrosa, y destinada á provocar resistencias y
conflictos, en cambio de Ja ventaja hipotética de una
justicia que, sin ella, puede muy bien obtenerse.

Todo concurre, pues, á negarla, mientras que nin-
guna razón de un orden fundamental concurre á soste-
nerla.

Los recuerdos, las habitudes y las preocupaciones
del espíritu anterior al sistema de la Constitución fe-

cu Artículo íot.— 8(5 —

deral, pugnando contra el espiritu de esa Constitución,
son los que inclinan á inteligencias claras y á concien-
cias rectas, á pretender para el Poder central atribu-
ciones que son inconsistentes con su naturaleza y su
misión. Los hábitos, las ideas y las preocupaciones del
centralismo, son las que sostienen la creencia todavía
de que los poderes fuertes son una necesidad en nues-
tro estado social, la creencia de que el Poder Nacional
debe estar revestido de estensas facultades y de ám-
plios medios de acción, que lo habiliten para manifes-
tarse en todas partes, para ocuparse de todo, para
iniciarlo y ejecutarlo todo.

El Poder Nacional no necesita, para responder digna-
mente á su misión, tener mas facultades que las que la
Constitución le ha dado espresaraente. El Poder que
necesita de estensas facultades y de ámplios medios de
acción, es el Poder particular de las Provincias, por-
que es el Poder llamado á intervenir en " todos los
" objetos que siguen el curso ordinario de los negocios
u y afectan la vida, la libertad y la prosperidad de los
" ciudadanos. »

En todo lo concerniente á su gobierno propio, en to-
do lo que interesa á su progreso interno, las Provin-
cias no han cedido ninguno de los poderes esenciales,
no se han desprendido de ninguno de los atributos que
sustancialmente constituyen la soberanía particular de
cada una: y uno de los mas clásicos atributos de esa
soberanía, es la facultad de juzgar por las autoridades
que la representan, por sus, propias autoridades, las
cuestiones contenciosas de su administración, las cues-
tiones con simples particulares.

Despojarlas de esa facultad, estendiendo por inter-
pretación las que se supone conferidas al Poder Na-
cional, es usurpar lo que no está espresamente delega-
do. Y esa usurpación, por la razón en que se funda,
debe lógicamente conducir á «la supresión total de los
Poderes Provinciales.   Si no puede confiarse en la jus-

— 87 -

ticia de estos Poderes cuando se trata de administrarla
á los que tienen con ellos un conflicto de interés ó de
derecho, no puede confiarse tampoco en la justicia de
esos mismos Poderes cuando se trata de administrarla
en general, sea juzgando ó legislando; y de este modo
habria que llegar, por temor de la injusticia, de la pa-
sión y el error, hasta la destrucción completa de todos
los Poderes de Provincia.

Siendo este el último resultado lógico de la atribución
disputada, ningún razonamiento es capaz de convencer
de que ella se encuentre conferida en una Constitución
federal; porque ningún razonamiento es capaz de con-
vencer de que la Constitución contenga disposiciones
contrarias al principió generador de su sistema.

Esa atribución solo puede encontrarse compatible
con la forma unitaria de gobierno, y la forma unitaria
de gobierno es un anacronismo en la República Argen-
tina.

Setiembre de 1866.