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Por el Dor. D. Ramón Ferreira, Fiscal de la üíacioo.

Artículo publicado en la «Nación Argentina»
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1863TIOO OE SIT1

La facultad de declararlo en todo el territorio de la
; República, es esclusiva del Gobierno Nacional,
según la Constitución,

POR EL Dr. D. RAMON FERREIRA

-  \ Fiscal de la Nación. R.

Artículo publicado en. *La Nación Argentita*)
AGOSTO dé 18615.

I

Se ha publicado una nota del Sr. Sarmiento, Gobernador de la
provincia de San Juan, en contestación a una circular del Ministerio
del Interior, sosteniendo la facultad de declarar los Gobernadores de
provincia, el estado de sitio, en su localidad, como inherente á la so-
beranía provincial reservada, en concurrencia con la delegada al Go-
bierno Nacional, según la Constitución Federal vijente.

Ya por razón de la competencia del autor; ya por que habiendo
ejercido tal facultad otros Gobernadores, como él, deben tener la
misma opinión; ya por qire siendo cuestión de atribuciones es por su
naturaleza grave, aun que no lo sea tanto como cuestión de derecho;
ya por que los precedentes prácticos servirían después de posesión ;
se hará necesaria la resolución de la cuestión por la autoridad compé-
tente; y aun que no me considero el mas competente para abordarla,
ni puedo hacer el estudio necesario que requiere, voy á manifestar al-
gunos conceptos, según mi humilde opinión.Estarnos de acuerdo con los principios y puntos de partida que fija
el Sr. Sarmiento: «Cada pais constituye principios de Gobierno, se-
gún les place á sus legisladores, y establece prácticas nuevas autori-
zadas por el convenio universal» — «El Gobierno de las sociedades
humanas tiene su organismo fundamental, que no es dado alterar á
beneplácito, sin grave peligro—«los Gobiernos de Provincia no son
simples tenencias de Gobierno emanadas de una autoridad superior
—tan perfecto es el derecho en el Presidente para gobernar la Na-
ción, como en los Gobernadores de provincia para gobernar sus es-
tados respectivos—la Constitución Nacional es un poder delegado por
las provincias para construir un gobierno general perfecto para sus
fines; y las provincias quedaron con todo el poder no delegado, y con
gobiernos perfectos é independientes.»

Convenidos en los principios se concretará la discusión á su aplica-
ción. Efectivamente por los mismos principios; por el mismo derecho
natural y libertad que los pueblos gozan para constituirse el gobierno
que mas les place y les conviene; y por ese organismo fundamental y
sicolójico diremos, de las sociedades humanas, que no les es dado
contravenir sin esponerse á peligros, es necesario reconocer dos con-
secuencias muy lógicas, y constatadas por la historia:—Ia Que en
virtud del primer principio, ha existido tanta variedad y modificación
en las formas de gobierno legalmente, según les ha convenido á los
estados ejercer su soberanía, encaminados todos á un mismo fin, su
felicidad: cuestión de medios no de fines;—2a Que al hacer uso de
esa libertad, debe ser discreto y racional, consultando no solo la cien-
cia, sino el mayor acierto en la aplicación de los principios genera-
les y la esperiencia, á la organización especial de gobierno que hayan
adoptado.

De aquí viene, repito, tanta variedad en las modificaciones y en
los medios de hacer efectivo el ejercicio de la soberanía, para arribar
á un mismo fin- De aquí nace que no existan formas puras originarias
sino mistas, y que se pueda decir, que son en los pueblos lo que la fi-
sonomía en los individuos; y nace la división de la forma republica-
na unitaria, federal y mista.

Una Confederación se forma por uno de dos sistemas: ó por la
composición, ligándose los estados soberanos independientes, por
medio de un pacto federal; para asegurar sus intereses comunes,
su progreso y su bien estar, como fué en Estados-Unidos; ó por la
descomposición de un solo estado fraccionándose en diferentes par-
tes; y formando cada una un estado independiente, se constituye so-

— 3 —

berano, para reconstruirse; por que de otro modo no podría dele-
gar lo que no tiene, en el Gobierno general. De esta clase es el Go-
bierno Argentino y el de Nueva Granada.

En cualquiera de los dos casos resulta exacto: que los estados
para formar esta clase de Gobierno, tienen que delegar una parte de
su soberanía, reservándose otra para ejercerla por si propios: por
medio de diferentes mandatarios ejercen los dos gobiernos nacional v
local; crean autoridades nacionales y les cstregan la dirección y
ejercicio de sus intereses comunes, que por su naturaleza, afectan y
convienen mas directamente al bien común; ó por que exijen las
fuerzas y recursos de la unión para prosperar.

De este organismo esencial á esta forma de Gobierno, resulta la
consecuejicia fundamental de hacer la clasificación de lo que pertenece
esclusivamenle al Gobierno Nacional; lo que se han reservado los es-
tados esclusivamenle, y lo que queda sujeto á la concurrencia de ambos
gobiernos.—Esta clasificación no se puede eliminat: serán mas órnenos
las restricciones; pero algo debe existir de cada una de las tres cosas.
La constitución de Nueva Granada ha sido mas esplicila y previsora
en este punto, haciendo el deslinde de la materia y objetos correspon-
dientes á las tres categorías. No se presentaría ahora la cuestión, si
nuestra Constitución hubiese hecho lo mismo.

Aun que el Gobierno Nacional ó Federal, como delegado, no pue-
da ser mas perfecto ni tener mas estension que la que le ha dado la
ley de su creación, y la voluntad de los estados constituyentes, no
puede carecer de ciertas condiciones y elementos de vida propia, con
m poder independiente y soberano, tan perfecto, dentro de sus atri-
buciones, como los estados en su gobierno local, como dice el mis-
mo señor Sarmiento.

La esperiencia demostró que no siendo así, con esa robustez, la
unión no conseguiría su objéto, y seria dañosa en vez de útil; y dió
por resultado el sistema moderno de crear un gobierno general su-
premo que ejerce esclusivamente la soberanía esterna; los tres pode-
res Legislativo, Ejecutivo y Judicial en la materia de su competen-
cia delegada; sus leyes tienen fuerza ejecutoria por autoridad propia
en todos los estados, sin la intervención de la autoridad local; y por
nuestra constitución, los mismos gobernadores de los Estados, son los
ajenies naturales encargados de velar y hacer cumplir las leyes nacio-
nales. Como en esto no hacen por intereses ágenos, sino por los su-
vos propios, ó de sus Estados, como en una sociedad,  y sobre los— 4 —

trabajos de sus mandatarios, nunca me ha parecido impropio, ni me-
nos que mengüe su dignidad este encargo.

Las tendencias de robustecer el gobierno general con la centraliza-
ción de los elementos de gobierno, se hicieron sentir, hace mas de un
siglo, en los estados confederados de Suiza y Alemania; lucharon
mucho los dos principios de centralizar y descentralizar, ó unitario y fe-
deral, como algunos escritores los han llamado: en ambos paises ha
triunfado el 1°, aun que no en el alto grado que en Estados-Unidos,
siendo en estos, mucho mayor la estension y vigor conferido al po-
der general. Lo cierto es que esta idea se considera hoy, como un
dogma en política justificado por la esperiencia y la razón.

De los principios generales que dejamos sentados, se deducen las
consecuencias naturales siguientes: 1" Que las provincias vivieron
300 años en un gobierno unitario absoluto,sinconocer ni saber lo
que significa soberanía provincial; y para constituirse en un es-
tado federativo, se descompuso el conjunto en fracciones, y se re-
construyó en federación, sin haber preesistido tales estados sobera-
nos, mas por una especie de ficción. Este procedimiento lo hemos lla-
mado antes sistema por descomposición; por consiguiente debemos
también deducir que la centralización y robustez del gobierno general,
debe convenirles á sus intereses y costumbres, con mas razón que a
los estados que han vivido en plena soberanía antes de unirse.

2a Que según la forma adoptada, tan perfecto y soberano es el go-
bierno general en la materia delegada, como el de los estados ó pro-
vincias en la reservada.

3a Que todo lo que no se haya delegado se entiende reservado; y
á mas de eso existen objetos mistos en los que ambos gobiernos tie-
nen participación, y forman una tercera categoría.

Entraremos ahora al terreno de la cuestión: la facultad de decla-
rar el estado de sitio en cualquier punto de la República, está con-
ferida espresamente al Gobierno General por la Constitución Federal
art. 6, 23, 67, 86; luego no esta reservada,3 por que no puede
retenerse lo que se ha delegado—Queda solo la duda de si pertene-
ce á la entidad de objetos mistos, y la prueba les incumbe á los go-
bernadores de Provincia, que son los actores que promueven la
cuestión. De parte del gobierno general no hay una duda, esta en
posesión y ejercicio de ese derecho; y si los gobiernos de provincia
pretenden tener participación, deben probarlo; pero antes de eso, y
de que se les decía re tal atribución por la autoridad competente, no
pueden ejercerla ¡ ni el Gobierno Nacional debe tolerarlo ó autorizar-

te con su silencio; porque en asunto de atribuciones y de tanta im-
portancia, no le es dado deferir ni ser indiferente.

Queda pues reducida la cuestión a examinar la prueba de que es-
ta facultad pertenece á la categoría de objetos mistos. La Constitu-
ción nada dice: y asi como se entiende reservado esclusivamente á
tas provincias todo lo que no está delegado, también se entiende dele-
gado esclusivamente lo que la Constitución no ha declarado misto; por
que no pueden retener las provincias lo que han delegado, como
hemos dicho.

Pero podemos deducir otros argumentos mas positivos:
1° Con la letra y el espíritu de la Constitución: el Gobierno Ge-
neral es encargado esclusivamente de todo lo concerniente á la guerra
estertor 6 interior, y de asegurar la paz y órdép público. La declara-
ción de guerra, el corso, las fuerzas de linea de mar y tierra en
tiempo de paz y de guerra, su organización, ordenanzas y reglamen-
tos, el gobierno y administración de los ejércitos,—la organización de
las Guardias Nacionales de las Provincias, su armamento y diciplina,
movilizarlas y reunirías cuando sea necesario, para sostener el orden
público contra las insurrecciones ó invasiones, también corresponde
al Gobierno General; y solo queda alas provincias, la facultad de
nombrar los gefes y oficiales, y de establecer la disciplina prescripta
por el Gobierno Nacional; es decir que ni en la disciplina y orden
económico tienen una facultad esclusiva—art. 67.

Por el artículo 109 se declara que las hostilidades de hecha de
una provincia á otra, son actos de guerra civil, calificados de sedición
ó asonada, que el Gobierno Federal debe sofocar y reprimir confor-
me á la ley.—Luego resulta de todo esto, que al Gobierno Federal cor-
responde la intervención directa, para asegurar el órdén público, no
solo en la guerra ó invasiones esteriores, sino en las invasiones y
hostilidades de una provincia contra otra; y también en el caso de in-
surrecciones solamente, aunque no haya invasiones....

Veamos ahora el modo como interviene y como debe proceder: la
Constitución le demarca bien los dos casos: poruña regla general,
cuando se trata de guerra esterna, de repeler invasiones esteriores, de
intereses generales, y de asegurar el Gobierno de la República, es
indudable que puede y debe intervenir en todo el territorio de la Re--
pública, sin necesidad de ser requerido por las provincias; con re-
quisición ó sin ella: mas en los casos de sediciones locales, ó de in-
vasiones de otra provincia, intervendrá con requisición para sostenerlas autoridades constituidas, 6 restablecerlas, si hubiesen sido de-
puestas.

Esto dice el art- 6° de la Constitución; pero seria un contra sen-
tido negarle al Gobierno General la intervención, sin requisición en
el último caso, cuando la conmoción ó sedición afecte los intereses ge-
nerales, ó ponga en peligro la seguridad de la Nación. Puede una in-
surrección local por sus hechos y sus tendencias amagar, y compro-
meter la tranquilidad y orden general. Quien le negaría al Gobierno
Nacional la facultad de intervenir sin requisición en la revolución pre-
sente del Chacho, por ser casos de sediciones y de invasiones de una
provincia á otra.—Ademas: hemos dicho que por el art. 109 cor-
responde al Gobierno Nacional sofocar y reprimir las hostilidades ó
invasiones de una provincia á otra, luego tiene el derecho de interven
nir en estos casos sin requisición, para cumplir con la ley.

En la Confederación Germánica puede la Dieta intervenir sin re-
quisición de los estados en los casos de rebelión ó insurrección, cuan-
do se halle comprometida la seguridad general de la Confederación;
y fuera de este caso, con requisición; pero hallándose impedido el Go-
bierno local para hacerlo, puede la Dieta intervenir por solo el simple
conocimiento de los hechos. Y si esto sucede donde el Gobierno gene-
ral no tiene ni sombra de la robustez y centralización del nuestro, có-
mo no sucederá aquí.

Allí el Gobierno Federal no es supremo, sus leyes no rijen en los
estados sin el pase de la autoridad local, es limitado en la soberanía
esterna a los negocios generales; y los estados la ejercen en lo con-
cerniente á los intereses locales; con tanta separación que pueden ce-
lebrar alianzas con otras naciones, hacer tratados, declarar la guerra,
hacer la paz, y ejercer su soberanía plena, debiendo la Dieta observar
una neutralidad, con tal que no se comprometan los intereses gene-
rales.

En cuanto á la facultad de declarar el estado de sitio, es claro que
debe tener toda la estencion que tenga la facultad de intervenir; y que
por regla general, donde pueda haber intervención, puede haber decla-
ración de sitio, si el caso y las circunstancias lo requieren; por que no
es mas que una plaza de guerra en un estado escepcional y supremo.
Asi dice la Constitución que el Gobierno Nacional puede declararlo en
todo el territorio de la República, en un ataque estertor, ó conmo-
ción interior sin ninguna limitación.

Como es un asunto tan grave y de la mas alta responsabilidad,
exije la Constitución que el caso sea tal, que pon na en prlif/rn el

ejercicio de la Constitución, k, que afecte los intereses genera-
les ; art. 23,—Manda también que en el caso de ataqne eslerior, lo
haga el P. E. con acuerdo del Senado y por un término limitado;
pero en la conmoción interior corresponde al Congreso directamente;
y solo en receso puede hacerlo el Ejecutivo, con la calidad de dar
cuenta al Congreso; y que este apruebe ó suspenda el estado de
sitio.

—Limita también las facultades del Ejecutivo durante el sitio,
respecto de las personas, á no poder hacer mas, que, arrestarlas ó
trasladarlas de un punto á otro de la Nación, si ellas no prefiriesen
salir fuera del territorio Argentino—Artículos 23, 67 y 86....

Con estas condiciones han delegado las provincias constituyentes
en el Gobierno Nacional, el ejercicio de esa facultad suprema, sin
que en ninguna parte de la Constitución conste que la hayan reser-
vado, para ejercerla también en concurrencia, por la soberanía pro-.
vincial. Pero en esta hipótesis, no podian ejercer tal facultad sino
ajustada á estas prescripciones; porque la Constitución es la ley su-
prema de la Nación en todo el territorio. Art. 31. ¿Y cómo podrían
llenarlas las provincias particulares, cada una en su caso? ¿De don-
de puede deducirse que, según la letra y espíritu de la Constitución,
los gobernadores y las legislaturas provinciales representan y desem-
peñan el mismo papel y facultades que el Presidente y el Congreso
general en tales casos?

Todo lo contrario se deduce: si esa fué la voluntad de los estados
constituyentes, ¿porqué no lo consignaron en la Constitución? Lo que
se ha delegado se entiende no reservado, y no espresándose que
sea objeto de concurrencia, no se puede suponer.—Se invoca la re-
forma de la Convención del año 60 en Santa-Fé ;pero no aparece tal
cosa en el códice délos puntos, reformados; y en toda materia de
corrección debe ser espresa y restringirse no ampliarse su inter-
pretación.

Ademas: coma esa convención era estraordinaria, ad hoc, sus
facultades fueron ceñidas por ley del Congreso, esclusivamente para
los puntos promovidos por Buenos Aires como requisitos ó condicio-
nes para su incorporación, y entre estos no se halla consignada la
reforma de que se trata. Luego no bastan deducciones ni argumen-
tos tan remotos ó imaginarios, que ni se alcanzan á ver los puntos
de contacto de la reforma con la Constitución, como los que propone
el Sr. Sarmiento.

Por otra parte: ¿Como podría ejecutar un crobernador la trasla-cion ó destierro de lós ciudadanos ó habitantes, de un punto á otro
de la República, de una Provincia á otra? ¿Con qué derecho podria
hacer esto sin jurisdicción territorial fuera de los límites de su loca-
lidad ? En la hipótesis en que discutimos, la declaración de sitio se
haría esclusivamente por las autoridades y leyes provinciales ¡ y no
rigiendo ellas fuera de la Provincia, no podría aplicarse la prescrip-
ción de que hablamos, á no ser por una analogía muy ridicula de
verificarlo, dentro de la Provincia, de un punto á otro... ¿

Otra observación: como hemos demostrado, es indudable que to-
da vez en que aparezcan comprometidos ó en peligro, los intereses de
la Nación, que pertenecen á la comunidad, puede intervenir el gobier-
no nacional sin requisición; esto no admite cuestión; por que donde
están los intereses de que ha sido encargado, allí están sus derechos,
y alli deben concurrir su acción y su vijilancia, sin esperar que se la
pidan. Esto se observa en la Confederación Cermánica, como hemos
dicho, sin embargo de la diferencia tan notable de gobierno. También
es indudable, por los mismos principios, que al gobierno nacional le
pertenece la clasilicacion de la oportunidad, y medir el peligro ó ama-
go de la conmoción contra los intereses nacionales; por que él es
responsable, si se descuida, ante el Congreso; y por que es de su
competencia y obligación prevenir el mal, y obrar según su naturaleza
y sus tendencias.

No seria estraño que se presentase la concurrencia de ambas auto-
ridades nacionales y provinciales declarando el sitio, y obrando am-
bos ejecutivos, ambos congresos; y lo que es mas, un conflicto entre
ellos disputando su competencia y la naturaleza del caso; si se halla-
ban ó no comprometidos los intereses nacionales, si era esclusiva del
gobierno provincial... k.

Nadie puede medir la profundidad de este inconveniente. Mientras
que se salva no habiendo esa concurrencia; por que aun que sea ne-
cesaria, para la intervención del gobierno nacional, la requisición de
las autoridades provinciales según el artículo 6; es sin perjuicio de
cuando la sedición ó invasión comprometa y amague la tranquilidad ó
interés general del pais. Como hemos dicho, nadie pondrá en duda
que el Gobierno Nacional ha debido intervenir, sin esperar la requisi-
ción, en la conmoción interior del Chacho que acaba de pasar. Ño se
como se pueda oscurecer esta evidencia.

11

Vamos a deducir también algunos argumentos de la naturaleza y
gravedad de esc poder tremendo y estraordinario del estado de sitio.—
Por esa facultad se suspenden todas las garantías constitucionales, de
los ciudadanos y habitantes nacionales ó estrangeros; se suspende en
fin el ejercicio de la Constitución; y se pone en choque ó conflicto-
otro articulo de ella misma, que prohibe y anula las facultades es-
traordinarias en el E. N. y en los gobernadores, bajo la responsa-
bilidad de la pena de infames traidores a la patria. Alt 29.

Solo la ley suprema de todas las naciones, la salud de la patria,
ha podido autorizar y legalizar esa práctica hasta hoy en los paises
civilizados, usándola con mesura y precauciones posibles, para ate-
nuar su aplicación. Los romanas tenían su fórmula caveant cónsules,
,los iiígleses suspenden su ley del habrás cor pus; la Francia tiene
una larga legislación sobre ello.... y cada pais ha arreglado el pro-
cedimiento, confiando siempre el asunto á la sabiduria y prudencia de
los Congresos ó Parlamentos; hasta en las monarquías, ha depen-
dido de las Cortes la autorización para declarar el estado de sitio.

Sin embargo de que nuestra Constitución sea una de las mas be-
nignas en el procedimiento, pues no autoriza para mas, que para el
arresto simple y la traslación de un punto á otro de la República,
no pierde por eso su importancia el asunto, ni deja de ser grave por
su naturaleza, desde que importa una facultad estraordinaria y abso-
luta, que suspende el ejercicio de la Constitución.

Si los derechos y garantías que se suspenden, son los mismos de
la constitución general, y si ella misma se suspende. ¿Cómo podrá,
suspenderla una autoridad de provincia ni otra que no sea nacional?
¿Cómo podrá aplicar penas de leyes nacionales para casos estraor-
dinarios y ecepcionales, y no estando facultado por la autoridad na-
cional?

La concurrencia de las autoridades nacional y provincial en los
asuntos mistos, supone identidad en la materia, pero no en la legis-
lación. No quiere decir que por unas mismas leyes se han de regir,
sino que ambas autoridades ó gobiernos podrán legislar la materia, y
cada uno aplicará sus leyes. Sobre contribución v. g. pueden legislar
los dos Gobiernos y gravar unos mismos objetos, sin confundirse en
la aplicación de sus leyes.—Luego no habiendo legislación provincial,
ni previsto el caso de sitio las Constituciones provinciales no hay otra
que la nacional,— 10 —

Pero hay mas: el Congreso Federal les negó á tres provincias,
como dice el Sr. Sarmiento, la facultad de declarar el estado de si-
tio, como csclusiva del Gobierno'Nacional, y la borró de sus consti-
tuciones, al tiempo de la aprobación. Este hecho consumado resol-
vió la duda, y no ha habido cuestión sobre eso hasta ahora. La refor-
ma del año 60 suprimió esta facultad del Congreso federal, y pos-
teriormente las constituciones provinciales no necesitan la aprobación
del Congreso; pero no sé como se deduzca la consecuencia de que,
por esa razón, quedó derogada la sanción del Congreso; y las pro-
vincias con la facultad para declarar el estado de sitio.

Ademas: la supresión de la facultad que tenia el Congreso para
aprobar y revisar las Constituciones, no autoriza á las provincias para
darse leyes ó estatutos que no estén en armonía con los principios de
la Constitución general; y será nulo todo lo que sea contrario, con-
forme á los artículos 5 y 106. El abuso ó error era lo que se pre-
venía con la aprobación del Congreso; hoy solo queda la autoridad
competente de la Corte Suprema para obraren su caso. Por el ar-
ticulo 31, la Constitución y las leyes del Congreso Federal, son la ley
suprema, y cualquier disposición de las provincias en contrario, es
nula y de ningún valor en su mismo territorio.

Por lo que hemos dicho antes, fundados en los artículos 67 y 86,
todo el ramo de guerra, interior y esterior, su legislación y adminis-
tración es del resorte esclusivo del Gobierno Nacional; hasta en el
servicio y disciplina de la Guardia Nacional, cuando se trata de in-
tereses generales ó de seguridad pública. En esto no puede haber
duda ni suponerse ninguna reserva de soberanía provincial, ni que
sea objeto misto ó de concurrencia.

Por consiguiente, la declaración de sitio no es mas que una emer-
gencia de esa atribución, inherente, como las demás facultades, para
dirijir la guerra, fortificar plazas y todo lo concerniente á los blo-
queos; y sitios pues con lal declaración se considera y se supone la
ciudad ó localidad sitiada por una fuerza esterna; y en esa ficción
del derecho de guerra, se funda esa facultad para obrar el gobierno,
como si realmente existiese un verdadero sitio; por eso también se
requiere una situación grave, que ponga en peligro inminente el or-
den público; porque solo en ese caso la suprema necesidad, salus
pópiili, puede legalizar y hacer indispensable el sacrificio de las ga-
rantías individuales.

Esa misma gravedad del asunto exijo la mayor circunspección y
prudencia en el uso de esa facultad, y que se verifique en el último

caso. Y permítame el señor Sarmiento, ¿cómo se puede garantir esto
en provincias, que son lo que el gobernador quiera que sean, y que
están libradas á la suerte de que les toque uno bueno ó malo; ni
porque haya dos ó tres provincias con buenos elementos de gobierno,
se puede decir de todas? ¿cómo se puede suponer eso, en la época
que alravesamos, hasta que pase algún tiempo de progreso y conso-
lidación? El mismo señor Sarmiento no podrá responder de eso en
San Juan cuando concluya su gobierno y entre otro.

Los Gobiernos de las Provincias se mudan cada dos ó tres años;
de manera que mientras corre un periodo del Gobierno Nacional, han
corrido mas de treinta de los Gobiernos de provincia; y se han cam-
biado las personas, la administración, la legislatura y hasta el poder
judicial, que es periódico en muchas partes. En algunas faltan ente-
ramente íps.elementos de Gobierno, sin inferirles agravio; porque
no es deshonra ni 'pecado ser pobres y desvalidos.—Entregarles á
discreción el poder cstraordinario y ecepcional de declarar el estado
de sitio, y clasificar su oportunidad, como de interpretar la constitu-
ción y medir el peligro y la situación, seria correr el riesgo el pais
de esponerse á los abusos y arbitrariedades de treinta Gobiernos, en
vez de uno, durante un periodo de seis años.—Se haria tan fácil
como de moda, el uso de esá facultad, por cualquier montonera ó
conmoción local; y habrá lugar á pretestos para arrestos, traslaciones
ó destierros, en la exaltación de partidos tan grande en que se ha-
llan todas las provincias.

No es comprensible como el Sr. Sarmiento desconozca fundamen-
tos tan obvios, tan sencillos y tan naturales; y crea que todas las
provincias se hallan en un pie de orden y de Gobierno, hasta llamar
preocupación y absorción de la soberanía provincial, la necesidad de
la intervención del Gobierno nacional; como asegurando que tiene
conciencia de la suficiencia y capacidad de los Gobiernos de Pro-
vincia. Quién sabe hasta donde se podría llevar el abuso, si no en
todas, en muchas de ellas.

El art. 108 de la Constitución dice: «que las provincias no pue-
den armar buques de guerra, ó levantar ejércitos, salvo el caso de
invasión esterior, ó de un peligro tan inminente que no admita
dilación ; dando luego cuenta al Gobierno Federal.» Este artículo
compila lo que antes ha dicho y confirma, que todo el ramo de guer-
ra es del resorte esclusivo del Gobierno Nacional, pero agrega lo que
es tan natural: que en un caso de la defensa propia, de un repen-
tino ataque que no admita dilación, de un peligro inminente, puedan— 12 —

armar buques y levantar tropas para defenderse, con la condición de*
dar luego cuenta al Gobierno Nacional.

Ni en este caso tan supremo de la defensa natural, se lian reser-
vado las provincias la facultad de declarar el estado de sitio, puesto
que no lo dice la Constitución; pero suponiendo que lo puedan hacer
como una emergencia de lo principal, como pueden atrincherarse,
fortificarse, y tomar todas las medidas concernientes á la situación,
siempre resulta que lo harian, no por autoridad propia de la sobera-
nía reservada, sino sujetas á dar cuenta á la autoridad Nacional—-
Esto es concluycnte para destruir el argumento que se ha hecho en 1»
prensa.

' -v,.;V;- -¡: ,      .    ||[ . .....

Antes de concluir observaremos algunos argumentos más notablesr
que consigna el Sr. Sarmiento como dogma y reglas de criterio, eit
su mensage a la legislatura provincial, dando cuenta de este asunto.
1° Asienta por base, que como Gobernador de la provincia la decla-
ró en estado de sitio, por hallarse en receso la legislatura: es decir
que al Gobierno Nacional no le concede la intervención directa sin
requisición, ni en los casos de una guerra civil y de comprometerse
los intereses generales, como la del Chacho. Duro seria creer que el
Sr. Sarmiento esté persuadido de eso.

2° c Es un axioma fundamental de Gobierno, dice, que todo po-
« der ha de tener en sí los medios de desempeñar sus funciones. Si
« para ejecutar se necesita del consentimiento de otro poder, no es
« poder, es delegación, es instrumento de ejecución.»

Todo poder se considera perfecto y completo dentro de su esfera,
no afuera, con relación á las atribuciones que la ley le ha dado. No
lo hace mas ni menos perfecto la cantidad de la materia, ni el nú-
mero de atribuciones. Con mas ó menos atribuciones, que hubiesen
delegado ó reservado las provincias, serian tan perfectos y sobera-
nos los dos gobiernos nacional y provincial, cada uno dentro de su
esfera, sea mas grande ó mas pequeña. Con la atribución que se
disputa ó sin ella, también seria lo mismo.

F.n cuestión, pues, se reface    saber, si por la Constitución esta

ta —

atribución es esclusiva del Gobierno Nacional, ó si las provincias tam-
bién pueden ejercerla en ciertos casos. Ellas como constituyentes han
podido deliberar los dos casos, porque no se cscluyen, y porque, co-
mo dice el mismo señor Sarmiento, cada pais puede darse la forma
de gobierno que mas le place y le conviene, y distribuir el ejercicio
de los poderes como quiera. Han podido, pues, delegar y reservarse
parle de su soberanía, como les pareció mejor. No salgamos de la
cuestión post factum; no valen argumentos á priori; sino a poste-
rior!. Veamos no mas lo que netamente se ha hecho por la Consti-
tución, y prescindamos de lo que nos parezca que hubiera sido mejor
hacer.

No podemos discutir ahora, si obraron mal ó bien, ó si erraron:
pero vemos que según la letra y el espíritu de la Constitución, dele-
garon en el Gobierno General esa facultad, y que no pueden retener
lo que han delegado; que en ninguna parte de la Constitución y para
ningún casó, se encuentra reservado su ejercicio; que el Congreso fe-
deral, aplicando la Constitución, resolvió la duda en la sanción mas
augusta de examina rj-y aprobar las Constituciones provinciales, de ca-
lificar la eslension de la soberanía reservada, como juez competente;
y las provincias acataron su sanción; que en la reforma de la con-
vención del año GO,¡no se ha locado tal punto. Y á propósito, se dice
en la prensa que el mismo Sr. Sarmiento se opuso á que se refor-
mase el art. G sobre la declaración de sitio. Cosa singular......

Vemos también, que no pertenece á la esencia de la soberanía pro-
vincial; porque lo que es esencial no se puede delegar; y que en
Nueva Granada también se delegó esclusivamente. Vemos en tin, los
gravísimos inconvenientes del ejercicio de esa facultad en los Gober-
nadores de provincia por ahora; y todo nos hace creer que la Cons-
titución federal ha conferido al Gobierno Nacional esa facultad es-
elusiva.

3° Se dice también, por el Sr. Sarmiento, que si es compatible
el estado de sitio en el Gobierno Nacional, ha de serlo en el de Pro-
vincia ; y si éste tiene que ocurrir á otro poder para el estado de si-
tio, no es poder, no hay soberanía. . . .

Nadie dice que no sea compatible, ni que no pudo hacer la Cons-
titución Federal, sino que no se hizo, ni hay una prueba de que se
haya hecho, ni un lugar en que la Constitución lo indique—Y por
otra parte: en todo lo que han delegado las provincias, no tienen po-
der ni soberanía; luego el argumento adolece del vicio de probar
"nicho......A° Le lia chocado al Sr. Sarmiento ta conducta del Gobierno
Nacional, aprobando al de Tucuman el hecho de haber acudido á Ca-
tamarca, á repeler la invasión del Chacho ; porque, dice, que impor-
ta negarles á las provincias el derecho propio que lienen para hacer-
lo en su defensa, y para ayudar á la Nación á reprimir insurreccio-
nes y repeler invasiones. ¡Raro argumento!

La Constitución, art. d01 >, le impone al Gobierno Nacional la obli-
gación de sofocar y reprimir conforme é la ley, las hostilidades ó
invasiones de una provincia á otra, y no les impone deber ninguno á
las provincias vecinas. El señor Sarmiento dice: que aun que sea
atribución esclusiva del Gobierno Nacional, la provincia invadida no
ha de esperar su vénia para defenderse, ni las vecinas para repe-
lerla invasión. ,.

Pero de todos modos: suponiendo todo lo que desea cL señor
Sarmiento; siempre resulta que siendo atribución espresa del Go-
bierno Nacional, y un deber, á él le correspondía drrijir, movilizar
las milicias que creyese necesarias ó nó, autorizar al Gobierno de
Tucuman, Santiago ú otro vecino y si estos, como la provincia inva-
dida de Catarnarca, por la distancia, ó porque el peligro no admita
dilación, obran por si, motu propio, eso no destruye la naturaleza
de los derechos y facultades constitucionales ; y se ha de entender
con la calidad de dar cuenta al Gobierno Nacional, tan pronto que
sea posible; lo mismo que hemos dicho antes en el caso del art. 108.

Bastaría que el Gobierno Nacional sea el principal encargado por
la Constitución, para no apurar tanto la susceptibilidad y celo, negán-
dole la facultad de aprobar y autorizar las operaciones de la guerra.
Todos los gastos los costea la Nación, y es otra razón muy poderosa
en contra del Sr. Sarmiento.

Si la insurrección trastornase, dice, las autoridades constituidas, y
las provincias, agotados sus propios esfuerzos, pidiesen el auxilio, las

fuerzas de la República vendrán á restablecerlas......Pero, hemos

probado, que en el caso que la insurrección ó invasión asome con
síntomas fundados de comprometer los intereses generales, el Go-
bierno Nacional no debe esperar que se agoten los esfuerzos de la
localidad, para intervenir antes que el mal tome cuerpo, aunque no
haya requisición; porque su acción debe estar donde aparezca el
peligro y los intereses generales.

Ademas: la conducta del Gobierno Nacional ha sido indemnizar,
<tel Tesoro Nacional, á los Gobiernos de provincia, los gastos en las
«•onrnociones locales, aunque no hayan afectado los intereses genera-

— 15 —

les. El Congreso federal lo ha aprobado, sin duda en vista de la es-
casez de recursos en la generalidad; y lo ha hecho hasta con las mas
ricas, como Córdoba; luego si hay intervención de gastos debe ha-
berla de autoridad; porque no puede ser que el Gobierno Nacional
no pueda intervenir, y esté obligado á abonar la cuenta de gastos
que le pase el gobierno provincial.

Todo esto prueba que la Constitución federal ha querido darles á
las provincias esa protección de autoridad y del tesoro; porque to-
davía no están en estado de bastarse asi mismas, ni para su segu-
ridad interior, ni para sus necesidades; y que no les puede perjudi-
car esa tutela que tanto odia el Sr. Sarmiento. No es con una her-
mosa Constitución escrita, bien distribuidos los poderes públicos, que
pueden vivir si les fallan los elementos de poder y del Tesoro.

5» Las distancias del Gobierno Nacional y el carácter instan-
táneo y violento que siempre lienen las insurrecciones,- es la causa
mas fuerte que se alega, para que los Gobiernos de provincia ejer-
zan la facultad de declarar el estado de sitio por si propios. Este ar-
gumento, solo puede tener lugar en el único caso de una insurrec-
ción local sin afectar los intereses generales; porque en otro caso y
en el de invasión de una provincia á otra, la autoridad nacional' es
la encargada directamente, por la Constitución, de sofocarla y re-
primir; en un caso que no admita dilación ó peligro inminente,
obrarán las provincias para su defensa, armarán tropas y harán lo
que puedan, dando cuenta al Gobierno Nacional, no en virtud sola
de su soberanía.

Armar buques y tropas, fortificarse, exigir el servicio militar i
los ciudadanos y contribuciones, según la Constitución, poner presos
á los delincuentes, son medidas necesarias que pueden practicar por
las leyes comunes; pero el estado de sitio es medida estraordinaria,
escepcional y reservada para el último caso; no debe tomarse sino
para exijir, de los ciudadanos lo que sin eso no se puede exigir—
suspender el ejercicio de la Constitución y dejar al pueblo sin las ga-
rantías constitucionales, es medida muy alarmante sin entrar en los
medios comunes de guerra; y por eso, tal vez, la Constitución no la
consideró necesaria para las provincias, y guardó silencio respecto á
eso; pero si hasta ese grado llegase el apuro y la interdicción con el
Gobierno Nacional, y lo exijia su defensa, podrán obrar con la ple-
nitud del derecho natural, con el cargo de dar cuenta luego al go-
bierno Nacional; pues por el artículo 86. inciso 19, corresponde al
Congreso Federal esclusivamente.— 10 —

El Congreso Federal no ha dado todavía la ley orgánica del pro-
cedimiento en el estado de sitio, siendo una de las mas necesarias por
la naturaleza del asunto y la frecuencia de los casos. La Constitu-
ción ha lijado los términos hábiles y puntos de partida: la autoridad
que debe hacerlo, en que casos, y de donde no ha de pasar; pero
falta lo mas necesario; reglamentar el uso y ejercicio de esa facultad
y su duración. El asunto presenta como puntos cardinales los si-
guientes: se realiza una verdadera dictadura; desaparecen las ga-
rantías constitucionales, sin distinción, personales y leales; la auto-
ridad civil y de policía interior pasa á la militar, reservándose alguna
parte; se funda en la ficción de un verdadero sitio por una fuerza
esterna, y tienen aplicación las leyes y ordenanzas militares en tales
casos. V

üé allí los puntos esenciales que debe contener la ley de proce-
dimiento, y templar la combinación que haga de ellos, conforme al
espíritu de la Constitución. Todos los autores distinguen, con carac-
teres muy notables, el estado simple de una plaza de guerra y el es-
tado de sitio; en el primero, se pueden tomar todas las medidas y
servirse de los elementos de guerra ¡ pero no hay suspensión de ga-
rantías constitucionales, ni supresión de las autoridadesi civjlés, ni fa-
cultades estraordinarias. *'      .    i •   rf ,

La Constitución federal no consideró prudente ni necesario auto-
rizar á las provincias, ó que ellas se reservasen la facultad del estado
de sitio; autorizándolas para lo primero en los casos del art. 108.

Finalmente, por lo que hemos espuesto, opinamos: que es esclu-
siva del Gobierno General, la facultad de declarar el estado de sitio,
por la Constitución Federal; y que la reforma no ha tocado ese punto
—Y, si los gobiernos de provincia lo pretenden, deben deducirlo,
con arreglo á lo dispuesto en el artículo 30 de la Constitución.

Buenos-Aires, Agosto de 1803.

Bamon Ferheira.